CC.OO. exigió a la empresa la presentación de un "verdadero" plan de viabilidad que garantice la continuidad y el mantenimiento de la plantilla y pidió "mejores condiciones económicas" para los empleados afectados, cuyo reparto se desconoce. Por su parte, UGT garantizó que "la crisis no la van a pagar los trabajadores de la empresa" y rechazó por "claramente insuficiente" la compensación contemplada.

Preguntado al respecto, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, aclaró que su Gabinete no tiene ninguna predisposición al ERA "Ni a favor ni en contra", aunque aseguró que lo estudiará "en profundidad". "Si el expediente reúne todos los requisitos que establece la legislación, lo tomaremos en consideración y habrá la resolución que corresponda", añadió.

A la crisis laboral se suma también la empresarial, ya que la inmobiliaria presidida por Fernando Martín presentó suspensión de pagos, proceso que también ha extendido a seis filiales. Los clientes comienzan a inquietarse y decenas de ellos ya han acudido a las organizaciones de consumidores para conocer sus derechos, en la mayoría de los casos para aclarar el futuro de la entrega de las viviendas compradas y los importes adelantados, según informaron fuentes de Asgeco, UCE, Facua y el despacho Iure Abogados.