31 de agosto de 2020
31.08.2020
La Opinión de Málaga
Presupuestos

El Gobierno se compromete a anular la regla de gasto para los ayuntamientos en 2021

"Una vez que lleguemos a los acuerdos con la UE estaremos en condiciones", dice la ministra

31.08.2020 | 18:45
El Gobierno se compromete a anular la regla de gasto para los ayuntamientos en 2021
El Gobierno se compromete a anular la regla de gasto para los ayuntamientos en 2021

El Gobierno se ha comprometido este lunes a anular también para el próximo año la aplicación de la regla de gasto a los ayuntamientos a través del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021.

En su comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, a la que ha acudido para informar del acuerdo alcanzado con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para dar salida a los remanentes de tesorería municipales, la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha explicado que no es posible abordar esta anulación para el próximo año por decreto ley.

"Una vez que lleguemos a los acuerdos con la Unión Europea (UE) estaremos en condiciones. Pero la intención es que se quede sin efecto, también para el 2021, la regla de gasto para los ayuntamientos", ha manifestado.

Son dos compromisos que la ministra ha lanzado ante la Comisión de Hacienda de la Cámara, comparecencia que ha hecho porque la petición del PP para ello fue respaldada por unanimidad en la Diputación Permanente de la semana pasada.

Según han informado desde el Ministerio de Hacienda, el compromiso del Gobierno es introducir esta exención de las reglas fiscales para los municipios en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021.

También se permitirá excepcionalmente prorrogar el procedimiento de ejecución de inversiones financieramente sostenibles, cuyos proyectos se iniciaron en 2019 y que se estén financiando con superávits de 2018.

"El Gobierno estará encantado de escuchar sugerencias y el compromiso será no implementarlo -el decreto ley ya aprobado en el Consejo de Ministros- hasta que el Congreso lo ratifique", ha asegurado la también portavoz del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Ha pedido a los grupos, no obstante, que esos cambios se hagan con la mayor celeridad posible para que los consistorios no tengan problemas de liquidez y puedan pagar a los proveedores durante el último trimestre del año.

Está previsto que el debate para la convalidación o derogación de la norma tenga lugar en el Congreso la semana que viene. La oposición en bloque rechaza el texto.

Para evitar la derogación, es decir, que el Congreso deje sin efecto el decreto, la ministra ha ofrecido a los grupos que acepten su tramitación como proyecto de ley después de que salga adelante la convalidación.

Podrán los grupos hacer los cambios que estimen pertinentes, y así lo ha transmitido la ministra de Hacienda, de modo que lo relacionado con los remanentes y el fondo de 5.000 millones, los aspectos más rechazados, se cambie. La condición es que se haga dentro de la Constitución y de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Éste es el marco legal al que tiene que acoplarse el decreto ley o el proyecto legislativo si al final el Congreso lo cambia. Este contexto legal se hace notorio en lo que se refiere al uso de los remanentes de los ayuntamientos y al nuevo fondo de 5.000 millones de euros.

La ministra ha defendido "el mecanismo" que articula ambos instrumentos en el decreto ley que provino de un acuerdo entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), previa aprobación en su seno, aunque por el voto de calidad del presidente, Abel Caballero, alcalde de Vigo (PSOE).

Sobre el aspecto controvertido del uso de los remanentes de los ayuntamientos, un dinero que tienen en los bancos, que no pueden usar y por cuyo mantenimiento pagan un bajo interés, la ministra ha recordado que si los consistorios acuden a ellos, incurrirán en déficit, lo que no permite la Ley de Estabilidad.

Tras reprobar que la oposición, en especial el PP, use palabras como "confiscación o robo" para referirse a ese mecanismo, la titular de Hacienda ha subrayado que acogerse a los remanentes es voluntario.

Ahora bien, según su explicación, usar estos ahorros sin entrar en déficit supondría una movilización de 1.000 millones. La cuantía la ha aumentado el Gobierno con la creación de un fondo nuevo de 5.000 millones.

Montero ha hecho hincapié en que en absoluto el Gobierno se apropia de los remanentes de los ayuntamientos. Incluso una medida así no le favorece, porque le cuesta exactamente esos 5.000 millones.

Otro punto que ha defendido la ministra es el de la cobertura con hasta 400 millones de la caída de recaudación que se está derivando de la bajada del uso del transporte urbano.

El Ministerio de Transporte estimó un techo de 300 millones, pero Hacienda optó por elevarlo para tener "un colchón de seguridad" ante la posibilidad de que el uso del metro o del autobús urbano, por ejemplo, siga a la baja por culpa de la pandemia.

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