21 de octubre de 2020
21.10.2020
La Opinión de Málaga
Tribunales

La Audiencia Nacional permite al Santander proponer pruebas sobre el Banco Popular

Revoca la resolución del juez que decidió admitir solo escritos que se ciñeran a su eventual responsabilidad civil

21.10.2020 | 17:36
La presidenta del banco Santander, Ana Patricia Botín.

La Audiencia Nacional ha acordado que el Santander puede proponer pruebas o presentar escritos que trasciendan su posible condición de responsable civil en la causa que investiga a los dos últimos equipos gestores del Banco Popular, entidad que heredó tras su compra el 7 de junio de 2017.

En dos autos, a los que ha tenido acceso Efe, la sección cuarta de la sala de lo Penal revoca la resolución del juez instructor José Luis Calama, que el pasado julio decidió admitir únicamente aquellos escritos del Santander que se ciñeran a su eventual responsabilidad civil, pero no a los hechos delictivos.

Según explicaba entonces el magistrado, dicha medida no generaba indefensión ya que el banco no había visto "cercenadas" sus posibilidades de alegación y defensa en un proceso en el que había dejado de estar imputado como persona jurídica en abril de 2019.

Ahora la sala recuerda que la "búsqueda de la verdad material no se vería afectada por la intervención del responsable civil, que en todo caso estaría defendiendo intereses propios, y no ajenos".

De este modo, insiste en que "lo más respetuoso con los derechos y garantías constitucionales" es permitirles presentar alegaciones "sin perjuicio de lo que luego, con plena libertad de criterio, resuelva el instructor".

Por lo tanto, "no se puede con carácter general y con vocación futura excluir cualquier tipo de intervención del responsable civil" en la causa, ya que, de lo contrario, podría producirse "una grave lesión de sus derechos", privándole de un proceso "con todas las garantías".

La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de 2017, cuando el entonces titular del juzgado, Fernando Andreu, admitió a trámite varias querellas contra los dos últimos presidentes del Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos Consejos de Administración, el socio auditor de las cuentas y la firma PwC, por varios delitos societarios.

El magistrado abrió dos piezas separadas, la primera que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital por 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.

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