El Ejecutivo invierte 620 millones de euros en modernizar la administración
Esa modernización pasará por la digitalización de procesos, así como por la formación de funcionarios
El presupuesto del Ministerio de Política Territorial y Función Pública para 2021 asciende a 619,23 millones de euros, 263,38 millones más que en el anterior, destinado fundamentalmente a la modernización de las administraciones públicas, pero también a la colaboración institucional entre administraciones.
La ministra Carolina Darias, que ha presentado este jueves el presupuesto de su departamento, ha recordado que promover una administración del siglo XXI es la cuarta política palanca de las diez que se consignan en el Plan de Recuperación con el que el Gobierno canalizará los fondos europeos en los próximos tres años.
Esa modernización pasará por la digitalización de procesos y procedimientos, así como por la formación y capacitación digital de los empleados públicos.
Con ese objetivo en los próximos tres años (2021-2023) se destinarán 340 millones a las comunidades autónomas y 230 millones a las entidades locales, en tanto que el ministerio se reservará 30 millones para actuaciones relacionadas con el Plan de Recuperación.
De ese total, en 2021 se transferirán 136 millones a las autonomías y 92 millones a las entidades locales, mientras que el ministerio dispondrá de 11 millones.
Dentro del ámbito de política territorial, la organización territorial del Estado y el desarrollo de sus sistemas de colaboración tiene asignados 10,33 millones en 2021, el 1,67 % más.
La cooperación económica local del Estado se lleva 35,39 millones, el fondo de inversión de Teruel 30 millones, y la transferencia a la Federación de Municipios y Provincias /FEMP) 2,1 millones (5 % más).
Dentro de Función Pública ha destacado la subida retributiva del 0,9 % a los empleados públicos como reconocimiento a su esfuerzo y compromiso.
La formación del personal de las Administraciones Públicas contará con 95,82 millones, un 9,32 % más.
Para impulsar la transparencia de la actividad pública se destinarán 2,38 millones, el 5,75 % más, al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
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