13 de noviembre de 2020
13.11.2020
La Opinión de Málaga
Crisis del coronavirus

Pimec defiende que pymes y autónomos demanden a la Administración por las pérdidas por la COVID

Las reclamaciones deberán presentarse de manera individual y justificar los ingresos perdidos

13.11.2020 | 11:27
El presidente de Pimec, Josep González

La patronal Pimec ha solicitado un informe jurídico "relativo a la posible responsabilidad patrimonial derivada de las medidas administrativas adoptadas con motivo de la crisis sanitaria". El catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat de Girona y director del Centro de Innovación y Gestión de las Administraciones Públicas de Cataluña, Joan Manuel Trayter, ha sido el encargado del informe que pretende en último término "instar a la Administración a que agilice las medidas compensatorias necesarias para garantizar la viabilidad de los sectores afectados por los cierres".

Pimec, consciente de la grave situación sanitaria, también quiere evidenciar la grave situación económica que atraviesan muchas pymes y autónomos para las órdenes de cierre y limitación de actividad que vienen sufriendo desde el inicio del primer estado de alarma.

El presidente de Pimec, Josep González, el secretario general, Antoni Cañete, y representantes de los sectores del turismo, la restauración, el comercio, la cultura, el ocio nocturno, el ocio y el deporte, presentaron también un manifiesto en defensa de los empresas y los autónomos en el que exigen que cualquier medida tomada por la Administración para combatir la pandemia sea consensuada con los sectores afectados y avisada con suficiente antelación para minimizar el impacto económico.

"El objetivo del manifiesto y de la petición del dictamen jurídico es agilizar las medidas compensatorias que permitan evitar la quiebra de las empresas", dijo González, aunque aseguró que la finalidad "no es iniciar una batalla judicial, pero sí disponer de herramientas jurídicas", ante la desproporción de las medidas de cierre tomadas por la Administración.

El informe jurídico

Para Trayter, "el daño que se cause por los cierres a una empresa tendrá que ser indemnizado y se ha de pagar". El experto asegura que el ordenamiento jurídico que "toda lesión que se cause por una Administración Pública se tendrá que indemnizar". La interpretación habitual de los jueces de la ley es muy variable. Se exige un daño o "lesión" cuantificable y demostrable. Ha de ser también individualizable, negocio por negocio, lo que se ha dejado de ganar por los cierres debidos a la pandemia. El informe jurídico encargado por Pimec advierte de que debe haber un nexo causal directo entre la medida administrativa y la pérdida del negocio. El nexo causal puede ser invalidado por una causa mayor, en este caso homologable a la pandemia. El informe de Trayter considera que los daños empresariales no son causados por la pandemia, sino por la gestión de esta por parte de la Administración.

El manifiesto divulgado por Pimec considera que "sin datos objetivos y desglosados no es admisible que se decrete la suspensión total y parcial de ciertas actividades", y que en caso de tomarse esas decisiones "se han de realizar con la suficiente antelación y ser consultadas con las entidades más representativas de los sectores en cuestión". Reclama por ello "compensaciones económicas para las actividades afectadas" y la creación de mesas sectoriales para "buscar conjuntamentelas mejores opciones y los recursos necesarios para poder garantizar la viabilidad empresarial, evitar cierres y la pérdida de puestos de trabajo".

De manera paralela a las compensaciones económicas por cese de actividad, Pimec reitera la suspensión de todos los impuestos este año, la suspensión de las cuotas de autónomos, la carencia sobre los préstamos bancarios de pymes y autónomos hasta el 31 de diciembre. El manifiesto también reclama el uso masivo de test rápidos de antígenos de manera generalizada.

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