Reforma pendiente

Primeros contactos entre Trabajo y sus socios parlamentarios para el Estatuto del Becario

El estatuto diseñado desde Trabajo para acotar el fraude en las prácticas estudiantiles no genera simpatía en el PNV, que dice no disponer del último borrador del mismo

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Redacción

El Ministerio de Trabajo ha empezado a lanzar cables en la tarde de este martes para tratar de recabar los apoyos suficientes con los que sacar adelante el Estatuto del Becario. Fuentes de ERC confirman a EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, haber recibido y estar estudiando el documento preacordado previamente entre el equipo de Yolanda Díaz y los sindicatos. No así con los empresarios, que decidieron desmarcarse de una norma que también cuenta con el rechazo de los rectores universitarios. El equipo de Díaz encara a contrarreloj una negociación complicada con sus socios habituales en el Congreso, pues la norma genera recelo tanto por fondo como por forma entre PNVEH Bildu y los republicanos catalanes, según explican a este medio fuentes consultadas de los tres grupos.

"Es un ejercicio de marketing", así definieron fuentes empresariales el preacuerdo alcanzado la semana pasada con los sindicatos, tras más de un año de conversaciones de las que finalmente la CEOE se descolgó. Esa misma definición la empleó uno de los socios habituales del Gobierno durante la presente legislatura al ser requerido por esta nueva norma. Y es que si el Estatuto del Becario, que todavía debe pasar por el Consejo de Ministros, deberá ser validado en la Diputación Permanente antes de las elecciones del 23 de julio. Y uno de los temores que ha condicionado la negociación con los sindicatos durante los últimos meses es que no tenga los apoyos suficientes.

El estatuto diseñado desde Trabajo para acotar el fraude en las prácticas estudiantiles no genera simpatía en el PNV, que dice no disponer del último borrador del mismo. Ni ellos ni el Gobierno vasco -de su partido-, que deberá implementar la norma en Euskadi. Tampoco lo tienen en EH Bildu, que declina pronunciarse. Desde ERC tampoco se muestran eufóricos y critican que Trabajo solo se haya reunido con ellos en una ocasión durante los últimos meses para tratar este tema. Fuentes consultadas de la Generalitat, que deberá aplicar a efectos prácticos la norma en Catalunya, también lamentan la falta de contactos.

Entre los socios habituales del Gobierno, con los que ha pactado, entre otros, la reforma de las pensiones, sobrevuelan serias dudas de que el texto llegue a la mesa del Consejo de Ministros. Las fuentes consultadas son escépticas a que Pedro Sánchez se arriesgue a que la Diputación Permanente le tumbe un real decreto a las puertas de los comicios. De momento, el Ministerio de Trabajo no tiene fecha concreta para llevar el Estatuto a un cónclave ministerial. Sí para presentar el preacuerdo con los sindicatos en sociedad, lo que tendrá lugar en un acto protocolario el jueves de esta semana.

Rectores en contra

Una de las principales novedades del Estatuto del Becario será la obligación para toda empresa o institución que acoja a un estudiante para hacer prácticas de pagarle a este su transporte material. O, en su defecto, darle una remuneración mínima que cubra dichos gastos. La filosofía de la norma es que las prácticas no le impliquen al becario un coste adicional. Y para aquellas entidades que no cumplan con dicha obligación, la ley contempla sanciones de hasta 7.500 euros.

A partir de ahora serán las empresas y las universidades (uno de los principales focos de prácticas curriculares extracurriculares en España) quienes deberán asumir el coste de los desplazamientos, material y alojamiento -en caso de estadías en el extranjero o fuera del domicilio habitual-. Lo que se suma a la obligación que entrará en vigor a partir del próximo curso de pagar a la Seguridad Social una cotización mínima por todos los estudiantes en prácticas.

Algo que no ha sentado nada bien entre los paganos de estas novedades y que puede condicionar el posicionamiento de los grupos parlamentarios. Fuentes conocedoras de las negociaciones apuntan a que la presión de las universidades a los gobiernos de sus comunidades autónomas puede repercutir en la posición que acaben adoptando los grupos parlamentarios en el Congreso.

"Constituye una amenaza para el modelo de prácticas vigente en el sistema universitario español". Así definió la Conferencia de Rectores Universitarios de España (CRUE), en un comunicado, el último borrador del Estatuto del Becario. En su opinión, la obligación para ellos mismos y para las empresas de tener que costear el transporte -donde ponen el énfasis- implicará "de manera inmediata" una "disminución dramática del número de empresas y, sobre todo, de entidades públicas dispuestas a acoger estudiantes en prácticas".