Acuerdo de presupuestos

Gobierno y Generalitat ultiman la firma del convenio de la B-40 para antes de final de año

La Moncloa tiene ya sobre la mesa la modificación legal que permitirá que, tras un toma y daca entre el Govern y el PSC por la financiación, la rúbrica llegue antes de las doce campanadas

El president Pere Aragonès y el líder del PSC y jefe de la oposición, Salvador Illa, este miércoles en el Parlament

El president Pere Aragonès y el líder del PSC y jefe de la oposición, Salvador Illa, este miércoles en el Parlament / EFE

Sara González | Juan Ruiz Sierra

Sobre el papel de lo acordado en el marco de los presupuestos de 2023, el convenio de la B-40 para construir la Ronda Nord entre Sabadell y Terrassa debería haberse firmado antes del 31 de marzo. Pero la realidad es que, con dos elecciones de por medio, acabará firmándose nueve meses después si nada se tuerce de aquí a finales de año. La Moncloa tiene ya sobre la mesa la modificación legal que permitirá que, tras un toma y daca entre el Govern y el PSC por la financiación, por cuestiones técnicas de calado y también por intereses políticos del momento, la rúbrica llegue antes de las doce campanadas. Una fotografía con la que el Govern saldará uno de los pactos pendientes con Salvador Illa con la mirada puesta en la negociación de las cuentas de 2024.

El Ministerio de Transportes confirma a El Periódico de Cataluña, de Prensa Ibérica, que la vía para poder firmar ese convenio, que ya se encarriló con el protocolo acordado el pasado mes de julio, es una modificación legislativa para permitir que se pueda aplicar la fórmula de encomienda de gestión para que la Generalitat de Cataluña se encargue de construir la obra, un ajuste que se realizará mediante real decreto en la reunión del Consejo de Ministros de esta semana o de la que viene. Se trata de una habilitación específica para facilitar una vía similara la que se hizo con las actuaciones en la AP2 y la AP7 pactadas en los Presupuestos Generales del Estado, y que implica que el ministerio apruebe los estudios y proyectos y que sea la Generalitat la que licite los contratos y ejecute la obra.

"En manos" del nuevo ministro

Fuentes del Govern aseguran que esto acredita que, pese a que el PSC urgía a Pere Aragonèsa cumplir con el compromiso de la B-40, proyecto que incomoda a los republicanos porque sus federaciones de Sabadell y Terrassa se oponen a él, en realidad esto estaba "en manos" del Gobierno, que se ha alargado estudiando la vía jurídica también por el cambio de Raquel Sánchez por Óscar Puente al frente del ministerio. "Son ellos los que lo tenían encallado, nuestro compromiso es firme", sostienen. La firma, admiten, será rápida en cuanto el consejo de ministros apruebe el real decreto.

Lo que sigue sin especificarse es si la vía será o no de alta capacidad, es decir, cuántos carriles tendrá finalmente. Mientras desde el Govern y ERC se insiste por activa y por pasiva que esta no será una vía de alta capacidad y que este concepto no consta en lo que ha quedado por escrito, los socialistas entienden que lo pactado es "dar continuidad" a la B-40 y que eso presupone cuatro carriles, dos en el sentido de cada marcha, para descongestionar de tráfico interior Sabadell y Terrassa.

La obra supondrá unos 200 millones aproximadamente que provendrán de fondos presupuestarios -y no de la disposición adicional tercera como inicialmente planteó el Gobierno- sujetos, eso sí, al trazado final. Lo que no ha podido cumplir el ministerio es la apertura al tráfico del tramo Olesa-Viladecavallsde la B-40, que la ya exministra Sánchez pronosticó que sería antes del 15 de diciembre, pero que su sucesor ha argumentado que no ha podido ser porque faltan los elementos de seguridad del túnel y hay que terminar una rotonda.

Los pactos pendientes

Además de la Ronda Nord, dos cuestiones de calado quedan pendientes para allanar la negociación presupuestaria con los socialistas, que reclaman que hay que hacer balance de lo cumplido antes de explorar un nuevo pacto. "A mí no me engañan dos veces", espetó Illa. Una es la comisión técnica para estudiar el futuro del Aeropuerto del Prat, que se acordó poner en funcionamiento antes de acabar 2023. Mientras que desde el PSC emplazan al Govern a designar sus miembros y le reprochan que no sea capaz de aclarar si están a favor o en contra de su ampliación pese a estar llegando "al límite de su capacidad" para vuelos intercontinentales, la consellera de Territori, Ester Capella, envió una carta de bienvenida al nuevo ministro en el que apuntaba que esta comisión está pendiente de crearse.

La misiva, enviada el 21 de noviembre y a la que ha tenido acceso El Periódico, hace mención al traspaso de Rodalies, a las encomiendas y los convenios pactados y al objetivo de encontrar una "solución" para El Prat a partir de esa comisión. De nuevo, aseguran desde el Executiu, es el ministerio quien tiene la pelota sobre su tejado.

La advertencia de los Comuns

Más peliagudo es el plan director urbanístico del complejo de ocio Hard Rock, que está a expensas de informes medioambientales y que se pactó que su aprobación se produjera en el primer semestre del año. Los Comuns dejaron formalmente claro al Govern en una reunión el viernes que, si lo firma, se olvide de ellos y no cuente con su apoyo para los presupuestos de 2024, justo en la línea contraria de los que exige Illa. Que Aragonès haya insistido que no habrá ni un solo euro para casinos y que el proyecto no forma parte ni de la ley de presupuestos ni de la de medidas fiscales y financieras ya no es argumento suficiente para unos Comuns que tampoco tienen el aliciente de necesitar los votos de ERC para aprobar los presupuestos de Barcelona, que ahora son ya un negociado del alcalde Jaume Collboni.

Sin embargo, en Palau están convencidos de que la mayor palanca para contar con el apoyo suficiente acabarán siendo los presupuestos generales que el PSOE y Sumar necesitarán aprobar en el Congreso, cosa que no será posible sin el voto afirmativo de los siete diputados de ERC.