El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Málaga, Pedro Moreno Brenes, criticó hoy la lentitud en la ejecución del Plan Especial de Monte Gibralfaro por parte del equipo de gobierno de PP y exigió al alcalde que construya ya el parque en esta zona y que sea "más contundente" con los propietarios de los terrenos y las empresas constructoras que adquirieron parcelas que estaban calificadas como zonas verdes "con la intención de especular".
Moreno Brenes realizó estas declaraciones después de que en la reunión del Consejo de Administración de la Gerencia de Urbanismo, por unanimidad de los grupos, se desestimaran dos recursos de reposición en contra de la expropiación de terrenos por parte de las constructoras propietarias.
La primera promotora propietaria de 22.000 metros cuadrados en la ladera del monte dentro del Plan Especial, pretendía que se le pagara 68 millones de euros por la misma, que le había costado 3,6 millones de euros. La comisión provincial de valoraciones la calificó en 3,9 millones de euros, "justiprecio es considerado muy insuficiente por la empresa y excesivo por el Ayuntamiento por lo que ambos lo han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)".
Por otro lado, la empresa promotora Aifos posee, asimismo, en el sector de la cañada de los ingreses de Gibralfaro, 16.000 metros cuadrados de zona verde que inicialmente había sido recalificada como uso residencial para la construcción de 22 chalés que ahora está pendiente de expropiar. Aifos la compró por 2,5 millones de euros y pretende obtener 21 millones de euros del Consistorio malagueño.
Moreno Brenes recordó en rueda de prensa que en la parcela propiedad de Aifos existe una construcción "ilegal que tiene un expediente sancionador de Urbanismo y que debe ser demolida" y que las recalificaciones de zonas verdes en Gibralfaro, previstas inicialmente en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), se evitaron tras la denuncia del grupo de IU y las protestas de vecinos organizados en la Plataforma Salvemos Gibralfaro, contra de las recalificaciones y a favor de que la zona fuera preservada en su situación actual, que lograron que se aprobara un Plan especial de Protección del monte Gibralfaro para zanjar el tema.
El portavoz de IU denunció que, sin embargo, el tema no está zanjado aún "y creo que existe peligro de urbanización de la cañada de los ingleses que rechazamos, puesto que es un punto básico del plan especial del Monte Gibralfaro, como entrada sur y jardín público de acogida al parque".
Por último, insistió en el rechazo de su grupo a la construcción de un funicular previsto por el equipo de gobierno del PP sobre este emplazamiento, "por ser innecesario y por su elevado coste, 15 millones de euros, y por los impactos que dicho proyecto sobre el medio ambiente y los restos arqueológicos que existen en la zona".
PSOE
Por su parte, el grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Málaga afirmó que la "dejadez" que ha mantenido el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, durante estos años "ha contribuido a que se fomente la especulación urbanística con las zonas verdes de la ciudad".
Así, el portavoz municipal socialista, Rafael Fuentes, señaló que, según el PGOU de 1997, el Ayuntamiento "debía obtener mediante expropiación, compensación o compra a los propietarios las zonas verdes contempladas en el planeamiento en los cuatro primeros años de su entrada en vigor", e indicó, que, transcurrido este tiempo, los propietarios, por "Ministerio de Ley", pueden solicitar al Consistorio su expropiación, "estando éste en la obligación de realizarla".
En este sentido, precisó que durante los años de gestión de De la Torre, "no se ha llevado a cabo esta obtención de los terrenos, lo que ha motivado que empresas y especuladores compraran zonas verdes en la ciudad, que deberían haber sido adquiridas por el Consistorio, principalmente en la zona Este y en las inmediaciones de Gibralfaro".
Fuentes destacó que desde el año 2006 "se han solicitado expropiaciones por precios disparatados, encontrándose actualmente recurridas ante los tribunales de justicia". Así, el edil socialista Sergio Brenes puso de relieve el caso del sistema local de espacio libre recogido en el PGOU de 1997 como zona verde de las inmediaciones del colegio El Monte, situado en las laderas de Gibralfaro.
Brenes señaló que, en noviembre de 2004, la congregación religiosa de las Hermanas de la Sagrada Familia de Burdeos exigió al Ayuntamiento que le compre los 22.000 euros metros cuadrados de este sistema, tal y como se recoge en el PGOU. Sin embargo, precisó que en "ningún momento reciben respuesta alguna por parte del equipo de gobierno del PP, pese a que solicitaron reuniones con la Gerencia Municipal de Urbanismo y con el propio alcalde, hasta que en enero de 2006 una empresa privada compra este espacio por 3,6 millones de euros, formalizando la escritura en enero de 2007", subrayó.
A este respecto, destacó que una vez adquiridos estos terrenos es la propia empresa la que pide la expropiación al Ayuntamiento por un valor de 68 millones de euros, "por lo que acude a los tribunales para obtener este pago, lo que supondría una auténtica ruina para las arcas municipales, que ya soportan una deuda de 738 millones de euros".
"Debido a la dejadez y a la irresponsabilidad política del alcalde, hemos pagado unos suelos verdes mucho más caros de lo que se podían haber obtenido, con el riesgo añadido de que si los tribunales fallasen a favor de los propietarios, que han intentado especular con los suelos, la deuda municipal se incrementaría un 10 por ciento", concluyó.
