08 de abril de 2011
08.04.2011
La Opinión de Málaga
En Alhaurín el Grande

La Audiencia fija en septiembre el juicio del «caso Troya» contra la corrupción

El alcalde, Martín Serón (PP), se enfrenta a cuatro años y medio de cárcel por presunto cohecho

08.04.2011 | 07:00
Juan Martín Serón, defendiéndose en un pleno de la Diputación.

La Audiencia Provincial de Málaga ha demostrado tener una gran capacidad para digerir: el «caso Minutas» está en su recta final; ya ha dictado sentencia en «Ballena Blanca»; «Malaya» avanza a pasos agigantados y ha fijado fecha para otro macroproceso, la conocida operación «Troya» contra la corrupción urbanística y política en Alhaurín el Grande. En concreto, su alcalde, Juan Martín Serón (PP), el edil de Urbanismo, José Gregorio Guerra, dos funcionarios y dieciséis empresarios se sentarán en el banquillo de los acusados a partir del 22 de septiembre.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial, la misma que ha rechazado recientemente un macrocaso enviado por la Audiencia Nacional, estima que el proceso durará tres meses y las sesiones se celebrarán los jueves y viernes de cada semana para no coincidir con «Malaya», que tiene lugar de lunes a miércoles. En cualquier caso, está por ver qué sala albergará el caso: la del Jurado, donde se celebra la trama de corrupción, estará libre entonces los dos últimos días de la semana. La que ha acogido «Ballena Blanca» hasta ahora, también.

El fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero reclama cuatro años y medio de cárcel, medio millón de euros de multa y diecinueve años de inhabilitación para Martín Serón por cinco supuestos delitos de cohecho pasivo y prevaricación.

El supuesto cabecilla en el caso

El titular de Urbanismo, a quien el fiscal considera el cabecilla de la trama, se enfrenta a siete años y medio de cárcel, a una multa de 1,6 millones de euros y a 21 años de inhabilitación por once delitos de cohecho pasivo y catorce contra la ordenación del territorio.

Al asesor jurídico que más informes supuestamente falsos rubricó se le piden 18 meses de cárcel y nueve años de inhabilitación por doce delitos contra la ordenación del territorio, mientras que para su compañero se propone un año de cárcel.

Cómo era la trama, según el fiscal

Los dieciséis constructores que pagaron los supuestos sobornos se enfrentan a dos años cada uno por cohecho, amén de al pago de multas que oscilan entre los 15.000 y los 180.000 euros, a lo que habría que sumar otro ejercicio de privación de libertad por ilícitos contra la ordenación del territorio. En total, se piden 63 años de privación de libertad y multas por más de 2,8 millones de euros.

El acusador público considera que en el Consistorio de Alhaurín el Grande, al menos desde 2002, ha venido funcionando «una trama cuyo objeto no era otro que obtener el enriquecimiento personal ilícito de ciertas autoridades municipales, y que consistía en ofrecer a los constructores y promotores inmobiliarios que estuviesen interesados la posibilidad de obtener una mayor edificabilidad respecto de la legalmente prevista en la norma de planeamiento, a cambio de la oportuna retribución económica».

Al frente de la trama estaría José Gregorio Guerra, «quien se encargaba de negociar las nuevas condiciones urbanísticas a aplicar a los proyectos de obra y las contrapartidas a abonar a los empresarios, recaudando los fondos procedentes de tales pagos». Los sobornos aparecen recogidos en las anotaciones manuscritas y en los archivos informáticos intervenidos en el registro del despacho municipal del edil popular, efectuado en enero de 2007.

El acusado había tasado el precio a pagar por el incremento de edificabilidad y el número de viviendas respecto de lo legalmente establecido para esos parámetros, sostiene el acusador, «de modo que el metro cuadrado de techo de más se cifraba en 80 euros, mientras que a la vivienda proyectada en exceso se aplicaba la suma de 60.000 euros».

«Por fin podremos defendernos»

El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande afirma que «por fin» podrán defenderse «ante un tribunal más profesional y más garantista que el juzgado de instrucción de Coín», que se encargó de la investigación del «caso Troya».
«Hemos sido víctimas de una instrucción que ha parecido estar dirigida por la Udyco y la Fiscalía de Málaga, ambas en este caso al servicio del gobierno socialista», señalaron desde el Consistorio a través de un comunicado.

«Así se demostrará que nuestra detención fue ilegal, así como los registros y que se nos ha mantenido acusados con intereses puramente políticos y electorales», indicaron en la nota, en la que precisaron que este caso «será una vergüenza para las instituciones que injustamente están haciendo tanto daño a personas honradas, que tanto progreso y bienestar han conseguido para Alhaurín el Grande». «Somos totalmente inocentes, está más que demostrado que la Fiscalía no debía haber mantenido sus acusaciones», dijeron.                

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