El Juzgado de Instrucción número 4 de Málaga ha dictado un auto por el que reabre el caso sobre la muerte de una mujer cuyo cadáver apareció flotando en la piscina de su domicilio de Alhaurín de la Torre (Málaga) en 2008 y ha ordenado a la Policía Nacional que asuma la investigación.
En el auto se pide que se libre oficio al servicio de Criminalística de la Guardia Civil para que remita el informe pericial sobre el material informático intervenido (un ordenador portátil), y se acuerda que el grupo de Homicidios del Cuerpo Nacional de Policía investigue los hechos en lo sucesivo.
La madre, hija y hermana de la fallecida, que ejercen la acusación particular, habían solicitado que sea ahora la Policía la que asuma la investigación.
El crimen ocurrió el 30 de abril de 2008 en una finca de Alhaurín de la Torre, propiedad de la víctima, L.G.P., y de su expareja, y el caso quedó sobreseído en mayo de 2009 por falta de pruebas, sin que el juzgado tomase declaración a ningún imputado ni testigo. Ahora se reabre a instancias de la Fiscalía y de la acusación particular, que han presentado «nuevos elementos de prueba que aconsejan la continuación del procedimiento», informó la familia en un comunicado.
Estas pruebas constituyen, según la familia, «indicios de connivencia» del principal sospechoso en calidad de inductor, el exmarido de la fallecida, con algunos agentes de la Guardia Civil que llevaron las diligencias de investigación. Dos años después del suceso, el exmarido de la víctima fue detenido e ingresado en prisión junto a uno de los jefes del grupo de investigación que llevaron el caso en una operación contra el tráfico de drogas, según se señala en la nota.
El cadáver de la mujer fue encontrado en la piscina de su chalé de Alhaurín de la Torre con signos de violencia como un fuerte golpe en la boca y otros en diversas partes del cuerpo, y también se hallaron rastros de sangre en el jardín de la vivienda. Los resultados de la autopsia revelaron que las lesiones que presentaba el cadáver confirmaban el homicidio. La fallecida había presentado varias denuncias por malos tratos contra su exmarido y una sentencia de 2007 negaba a éste la posibilidad de convivir con ella en la vivienda, aunque el juez no había impuesto al denunciado orden de alejamiento, según informaron en su día fuentes municipales. El hombre quedó en libertad tras prestar declaración en el cuartel de la Guardia Civil.
