08 de junio de 2012
08.06.2012
Cáritas

Las donaciones y las ayudas públicas, grandes avales de la institución

La Conferencia Episcopal aporta el 2,5% de la financiación de Cáritas. El obispo alude al debate del IBI

08.06.2012 | 02:48

­La polémica surgida por la reclamación del IBI y, sobre todo, por la enérgica respuesta de monseñor Rouco Varela, que insinuó la posibilidad de utilizar a Cáritas como moneda de cambio para contener el ánimo de algunos ayuntamientos, puso ayer un nuevo foco de atención en toda España a la financiación de la organización benéfica. Sus cuentas, por primera vez en décadas, fueron fiscalizadas con especial detenimiento y siempre con el mismo resultado; constatación de transparencia, sí, pero también de independencia, al menos, respecto al dinero reportado por la cúpula nacional de las diócesis.

Aunque la asociación pertenezca a la Iglesia, la Conferencia Episcopal únicamente aporta un 2,5 por ciento a su presupuesto, que se nutre principalmente de donativos–70 por ciento–y de subvenciones públicas–30–. En Málaga, según la memoria de 2011, los ingresos se dividen entre los casi 4 millones provenientes de las donaciones recabadas en diferentes estamentos (servicios generales, parroquias, centros de personas acogidas, socios) y los 2,7 suministrados, para proyectos concretos, por las administraciones públicas. El presupuesto se completa con un capítulo señalado con la etiqueta de otros ingresos, que agrega 116.031 euros.

La diócesis de Málaga entiende, no obstante, que la Iglesia asume la mayor parte del funcionamiento de Cáritas, ya que suma las donaciones obtenidas mediante la acción social de la Iglesia, parroquias y centros, incluidos, como dinero procedente de la institución. «Resulta difícil discernir entre los donantes, pero la mayoría son cristianos o se fían plenamente de la Iglesia», declara Gabriel Leal, vicario de Cáritas en la provincia.

En cuanto al IBI, el obispo de Málaga, Jesús Catalá, opta por aventar la controversia. Según el religioso, «no tiene sentido» pronunciarse al respecto, puesto que el debate, en su opinión, no está formulado en los términos correctos. «No necesito dar ninguna respuesto porque a mi modo de ver está mal planteado. Hay una ley de mecenazgo de 2002 y cuando la instancia correspondiente a la que le toque modificar la normativa quiera hacerlo, ya hablará», precisó.

Catalá añadió que, a su juicio, la petición está trufada por una corriente alimentada por políticos y algunos medios de comunicación. «Los que han montado con el asunto, que sigan con él», dijo.

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