El Ayuntamiento de Málaga, a instancias de sendas iniciativas presentadas por PSOE e IU, pedirá al Gobierno la cesión gratuita del edificio actualmente ocupado por el CIE de Capuchinos, que fue clausurado ayer después de veinte años de actividad y de las críticas de organizaciones humanitarias e instituciones.
En la propuesta, que será debatida en el próximo pleno, los grupos de ambos partidos piden que el edificio sea restaurado y transformado en equipamiento social para el barrio. El Ayuntamiento ya intentó en la anterior legislatura que el inmueble pasara a titularidad municipal mediante un trueque que prometía el traslado del CIE a una parcela del polígono del Guadalhorce. La iniciativa, no obstante, se desestimó por falta de acuerdo y presupuesto.
El cierre del CIE, que en las últimas semanas ha completado la reubicación de sus últimos 14 internos a Algeciras, pone fin a una historia, la del edificio, salpicada de escándalos y de críticas. El subdelegado del Gobierno, Jorge Hernández Mollar, aseguró el pasado 12 de junio que el cierre se debía a que sus instalaciones «no permitían que ni los internos ni los funcionarios tuvieran unas condiciones dignas de habitabilidad».
De acuerdo con Hernández Mollar, la resolución fue adoptada a la vista de la situación de la infraestructura del propio centro «y de los informes que han remitido la Delegación del Gobierno, la propia Subdelegación, la Comisaría provincial, las autoridades judiciales y fiscales, el Defensor del Pueblo y las asociaciones y ONG que se han pronunciado sobre este asunto».
El cierre también se produce en función de la filosofía del nuevo Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior de los centros de internamiento, que ahora van a pasar a denominarse Centros de Estancia Controlada de Extranjeros (CECE), y cuyo anteproyecto ya se encuentra en el Congreso de los Diputados para su aprobación. La filosofía de este nuevo anteproyecto presenta distintas novedades, como por ejemplo separar a los internos con antecedentes.
