Cuando se habla de una sentencia sin ejecutar a todo el mundo le viene a la cabeza el caso de Mari Luz Cortés. Pero entre la clase media de los fallos sin concretar que duermen en los juzgados hay numerosos casos que pondrían los pelos de punta a cualquiera que busque una respuesta: «Sépanlo: hay más de 20.000 condenados en la provincia, algunos por delitos muy graves, que no han entrado en la cárcel. Y puede ser tu vecino, que coge el coche en el aparcamiento como tú, con el que charlas en el ascensor...», relata un magistrado.
Ésa es la idea que se esfuerzan por apuntalar todos los responsables judiciales consultados por el periódico. «La semana pasada me llegaron dos ejecutorias, una de marzo y otra de abril: uno de los acusados había sido condenado a cuatro años por unos abusos. ¿Qué pasa si hace algo? Se me cae el pelo. El otro estaba sentenciado por unas lesiones de cierta consideración», explica otra responsable judicial.
«Tratamos de ejecutar los temas de abusos sexuales, lesiones, ese tipo de delitos más graves: puede haber víctimas que llevan años esperando una indemnización, y los delitos son amplios, diversos y graves», subraya otra de las fuentes consultadas.
Puede darse el caso, explican, de un hombre condenado por haber conducido bebido al que se le ha retirado el carné en sentencia pero no efectivamente, y vuelve a coger el coche. ¿Qué pasa si atropella a alguien dejándolo malherido o provocando su muerte? La segunda imagen del ejemplo no se ha producido en Málaga, pero sí hay centenares de conductores sentenciados que cogen el coche pese a tener el carné retirado, aunque ahora se hace un esfuerzo tras su juicio en instrucción.
Robos de diversa consideración en los que se ha empleado cierta violencia o fuerza, estafas –en los penales se juzgan delitos de hasta cinco años, a partir de ese ratio se pasa a la Audiencia Provincial– o apropiaciones indebidas.
«A mí lo que más me llega son las madres separadas cuyos exmaridos no le pasan la pensión a los hijos; si señalo el juicio para el año que viene o 2014, y luego se tarda más tiempo en ejecutar ese fallo, ¿qué ocurre? Muchas no tienen ni para comer», incide una de las responsables consultadas.
La desazón es ya la tónica habitual de estos negociados: «Es que los funcionarios trabajan. No sé quién ha dicho que no lo hacen. Muchos lo pasan mal porque detrás de cada expediente sin ejecutar hay varias caras: la de la víctima que no ha cobrado su indemnización, o la del mismo penado, que lleva años sometido a una pena de banquillo», añade.
Un magistrado se queja de que hay catorce juzgados soportando el trabajo de veinte: «Es más habitual de lo que se cree que haya penados, con sentencias firmes, que no ingresan en prisión», apunta.
Una persona que ha abusado de un menor y está en libertad es, para cualquiera con dos dedos de frente, un peligro social. Por eso este tipo de falos se intentan ejecutar más rápidamente, pero entre la inmensa montaña de papeles que suele dominar la mesa de un secretario o del funcionario de turno es un milagro ver estos detalles.
Piden que se aumente el número de funcionarios de ocho a diez, y se quejan de que los órganos de instrucción tienen más empleados públicos. Además, achacan cierta falta de sentido común a la administración pública: «Sólo hay que bajar al ruedo para palpar la realidad y ver cómo funciona todo. No se pueden seguir haciendo las cosas así».
Otros delitos que se juzgan en estos penales son relativos a fraudes fiscales o contra el medio ambiente, incluso los famosos tipos contra la ordenación del territorio o falsedades.
«Señalamos juicios dos o tres días por semana, y los otros dos tienes que estar pendiente de señalar, ejecutar, en fin... de muchas cosas, esto es inhumano, todos nos llevamos trabajo a casa», recalca otra de las fuentes consultadas.
Las tres fuentes coinciden en que una idea para descargar la jurisdicción sería despenalizar las conductas menores, y entienden que la imagen de la justicia es la que es precisamente por la tardanza en resolver asuntos debido a la falta de medios materiales y humanos. Lo asumen, pero recuerdan que ellos le ponen empeño al asunto. Y en tiempo de crisis, hay cosas en las que no se puede ahorrar. «Qué pasa con un accidente de tráfico en el que las víctimas esperan las indemnizaciones, o con el trabajador siniestrado que no ha recibido lo que le corresponde. Necesitamos soluciones ya», aclaran casi al unísono. De momento, parece que nada cambia. Llueve sobre mojado en la justicia.
