Si el exalcalde de Marbella Julián Muñoz es creyente ayer debió repasar mentalmente aquello de Dios aprieta pero no ahoga; y, si no lo es, posiblemente le diera las gracias a su abogado. Lo cierto es que ha esquivado una bola de partido inesperada que habría complicado mucho su actual situación: tras ser sentenciado a siete años y medio por el caso Minutas, espera con ansia el inminente fin del juicio de Pantoja, donde le piden una pena idéntica, y afrontará en abril el juicio de Saqueo 2, en el que se juega 13 años y medio. Con ese panorama, acaba de ser absuelto de un delito de malversación de caudales por el que se le pedían cuatro años entre rejas. Casi nada. Y con un futuro tan poco halagüeño por delante.

Para más inri, ese juicio no debía suponer ningún problema. Se trata del caso Moansa, donde se le juzgaba, como otras tantas veces, por un delito de prevaricación cometido, junto a otros seis exediles del GIL, al conceder una licencia para construir 126 viviendas en una zona calificada como parque jardín público.

No en vano, él y sus compañeros de banquillo llegaron a un acuerdo con la Fiscalía de Medio Ambiente para cumplir una determinada pena por todos los delitos urbanísticos, una deuda con la sociedad que él ya pagó tras pasar tres años entre rejas en Alhaurín de la Torre.

Pero no contaba el exregidor marbellí con que en el juicio también actuaban el vecino perjudicado en esa operación y el Ayuntamiento de Marbella, dos acusaciones particulares que pidieron cuatro años de prisión por malversación de caudales o dos, en su defecto, por fraude, cometido en teoría en la permuta efectuada entre la empresa y el Ayuntamiento para desafectar una calle sobre la que debía construirse el edificio.

La decisión de continuar el juicio por parte de la Audiencia le sentó a cuerno quemado al exregidor, que sabe que si el Supremo ratifica el fallo del caso Minutas pasará otros siete años y medio a la sombra. A la que se habría sumado esta condena inesperada, pues el exregidor no se esperaba ninguna vía de agua en esta parte del casco: el de los delitos urbanísticos. Si ello hubiera ocurrido, justo en el peor momento posible, su horizonte penitenciario se hubiera complicado casi con certeza. Aún no sabe cómo acabará el caso Pantoja, donde se juega otros siete años y medio; ni cómo saldrá de Saqueo 2, donde se le piden 13 y medio.

También espera con expectación que lleguen a la Audiencia la catarata de casos relativos a convenios urbanísticos irregulares en los que está imputado. Como para estar tranquilo.

No obstante, sí ha sido sentenciado, junto a los otros seis exediles, por un delito continuado de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio a un año de prisión y diez de inhabilitación, pero se le absuelve de la malversación. Lo que se previó en el pacto.

En concreto, la Sala ve probado que el 21 de agosto del 98 Muñoz y cuatro ediles dieron una licencia de obras a la entidad Moansa para construir 126 viviendas. El 29 de enero del 99, Muñoz y cinco exediles concedieron licencia de obras al proyecto de ejecución en base a la adecuación de los trabajos proyectados al documento de revisión del PGOU que luego tumbó la Junta. Éste resultaba incompatible con el plan del 86, que calificaba el suelo de parque jardín público.

Las obras, dice la Audiencia, afectaron a un vial público, la calle Pozo, que fue objeto de un expediente de desafectación, lo que recibió el beneplácito de la comisión de gobierno presidida por Julián Muñoz. Luego, se permutó por convenio con Moansa el 22 de junio del 98 para permitir la edificación. A cambio, el Consistorio recibió un piso y «la ampliación de los bienes públicos de la zona», lo que se consideró por un vecino como un delito de malversación.