La Agencia Tributaria aprieta la soga sobre el cuello de los abogados. Son su nueva presa, como en otros ejercicios ocurrió con los administradores de fincas, las sociedades profesionales o los concesionarios de coches de lujo. La Delegación de Hacienda en Málaga ha remitido al Colegio de Abogados un requerimiento, fechado el 22 de mayo, en el que le pide «una relación de informes o dictámenes emitidos por el colegio en los ejercicios 2009, 2010, 2011 y 2012, referentes a minutas de sus colegiados, sean como consecuencia de procedimientos de jura de cuentas, reclamaciones judiciales o extrajudiciales o referentes a determinación de costas procesales».
En definitiva, una radiografía sobre parte de lo ganado por algunos de los 5.000 abogados malagueños. Aunque todo tiene sus matices: la Comisión de Honorarios del Colegio emite dictámenes cuando un abogado -o un cliente- impugna las minutas de un compañero al considerarlas excesivas. Por eso, para Hacienda es fácil conocer si un letrado no declaró una minuta de 300.000 euros, explica un experto asesor fiscal, acudiendo a estos dictámenes. Sólo se ha pedido información, por tanto, sobre las minutas conflictivas. «Son los grandes despachos los que podrían estar en el punto de mira de Hacienda», dice el experto, quien reconoce que ayer le llamaron cinco abogados expresándole su preocupación. Hay nerviosismo.
La información habrá de suministrarla en formato Excel en el que se incluya el número de referencia y fecha del dictamen; el número del auto y la jurisdicción; el nombre del letrado impugnado, su NIF y su número de colegiado y el importe de la minuta resultante. La Agencia Tributaria asegura que, si en diez días hábiles no se suministra la información o bien no se dan las facilidades necesarias para que la Inspección la obtenga directamente, se incoará un expediente para determinar si se ha incurrido en infracción tributaria. Contra el requerimiento, el Colegio de Abogados podrá interponer un recurso de reposición ante Hacienda o una reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional Central, ambos en el plazo de un mes.
El malestar es tal que muchos abogados se pusieron ayer en contacto con La Opinión de Málaga para denunciar la situación: «Quieren toda la información económica de pleitos de la que haya tenido conocimiento el colegio», pues cuando se impugnan unas costas se remiten las actuaciones a éste para que emita un dictamen.
Pese a que se piden sólo las minutas conflictivas, hay quien cree que se va a por toda la profesión. Un gran despacho de Marbella ha enviado ya una carta al decano del Colegio de Abogados, Francisco Javier Lara, una vez que la Junta de Gobierno comunicó rápidamente el requerimiento a sus colegiados. Pide acciones y recursos inmediatos al Colegio. «En lo que a mí concierne, no autorizo que se facilite dato alguno que no sea consecuencia de una actuación inspectora concreta y específica». Y añade: «Es una actuación prospectiva, a modo de inquisitio generalis». Se pretende «una información genérica, minutas de sus colegiados, sin distinción ni concreción alguna y referida a toda clase de asuntos».
Con esta actuación, asegura, «es evidente que se pretende confeccionar una base de datos previa que después sería utilizada a conveniencia». Hacienda debe obtener datos de la persona investigada, pero «no generar para después inspeccionar».
«Bajo sospecha»
Es «un trato denigrante de la profesión, al poner bajo sospecha a todos los colegiados» de Málaga, dice este letrado en la carta que ha remitido a todos sus compañeros para que se adhieran, y en la que pide que la institución rechace el requerimiento, lo recurra y se niegue a facilitar información.
Este tipo de campañas son habituales en Hacienda. «Aún así, no tienen medios para investigar parte de los honorarios percibidos por los letrados malagueños en los últimos cuatro años». La delegación malagueña es muy beligerante, dicen los expertos consultados. «Está claro, quieren acotar las costas procesales de cierto nivel», aclara un asesor fiscal.
