Francisco Montijano y María del Mar López-Herrero han sido nombrados por el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, nuevos delegados de la Fiscalía Anticorrupción en Málaga tras haberlo solicitado ellos mismos, relevando así en el cargo a Juan Carlos López Caballero, fiscal jefe de Málaga, y a Francisco Jiménez Villarejo, quien ejerce ahora como miembro español de Eurojust en La Haya (Holanda).
El decreto está fechado el 10 de junio. Ahora, estos dos delegados se suman a Valentín Bueno en una plantilla Anticorrupción que posiblemente tenga el récord de trabajo en España.
Montijano ha estado especializado hasta ahora en Penal, y antes también trabajó en el área de Medio Ambiente y Urbanismo. López-Herrero, por su parte, ha desempeñado su cargo en el área de Delitos Económicos a lo largo de los últimos años, aunque últimamente ya apoyó en tareas de Anticorrupción. No en vano, ha sostenido con éxito la acusación en la pieza separada del caso Malaya en la que fue enjuiciada la cantante Isabel Pantoja.
Los sustituidos dejan el listón alto: López Caballero fue el fiscal del caso Malaya, amén de Ballena Blanca o de haber iniciado la investigación del caso Troya; Jiménez Villarejo, por su parte, tuvo un papel muy destacado en el caso Minutas, por el que fueron finalmente condenados el presidente del Sevilla Fútbol Club, José María del Nido, el exregidor marbellí Julián Muñoz y Juan Antonio Roca.
El trío de ases lo cierra Valentín Bueno, fiscal del caso Astapa, que además impulsa las investigaciones de los casos Arcos o de la trama de corrupción destapada en Ronda y conocida como Acinipo.
Quizás han finalizado en Málaga los más mediáticos pero todavía quedan pendientes casi ochenta causas especiales y macroprocesos, de gran complejidad, muchos de ellos vinculados a delitos económicos, como estafas a gran escala, falsificaciones, blanqueo de capitales y tráfico de drogas.
Y es que estos nuevos fiscales no se dedicarán únicamente a perseguir y reprimir la corrupción administrativa, sino que también actuarán contra el crimen organizado y en actividades de blanqueo del dinero obtenido por esas organizaciones.
La mayor parte de los macroprocesos han sido ya enjuiciados, aunque aún quedan por llegar a la Audiencia el caso Astapa, con más de 100 acusados, o Arcos, con 51, entre otros.
