La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, destacó ayer la solución para el metro de Málaga acordada entre el Gobierno autonómico y el Ayuntamiento de la capital y que ha permitido «romper el bloqueo al que estaba sometido» el futuro de esta infraestructura. Además de decir que se evita un «serio menoscabo a las arcas públicas, al dinero de todos», Cortés recalcó que de 19 millones de viajeros previstos en el proyecto inicial se pasa a cerca de 22 y que de una población servida de 200.000 personas se pasa a 216.000. «Todo ello con un ahorro de recursos públicos de 130 millones de euros y plazos más cortos», apuntó.

La consejera explicó que la pretensión de mantener el diseño de 2003, soterrado hasta La Malagueta, no era viable «y estaba bloqueando todo el proyecto» e incidió en que se ha estado trabajando para ofrecer «un horizonte cierto para esta infraestructura de transporte, que hoy es un proyecto viable, adaptado a la realidad socioeconómica y a las necesidades de movilidad de la ciudad».

Cortés señaló en una entrada en el blog Infraestructuras y Movilidad, de la Agencia de Obra Pública de la Junta, que la solución adoptada ofrece «certidumbre financiera, técnica y temporal y abre paso al trazado en superficie, premisas con las que hace ya un año planteamos que el proyecto necesitaba un replanteamiento a fondo».

Según Cortés, de los 1,8 kilómetros de metro soterrado por el centro -hasta La Malagueta-, se pasa a 300 metros -hasta el Mercado de Atarazanas-, a los que se sumarán hasta dos kilómetros en superficie hasta el entorno del Hospital Civil. Y es que, el trazado soterrado por la Alameda hasta la altura de la calle Torregorda, que será la estación Atarazanas, implica una obra de 300 metros «asumible y eficiente», ya que el metro dejará allí a los viajeros en el centro, cerca de calle Larios. También señaló que se evita «abrir en canal sine die el corazón de la ciudad, un kilómetro y medio más de trazado que, tal y como estaba previsto, resultaba inviable económica y técnicamente».

Suponía unos colosales riesgos financieros, no sólo por la elevada factura de una obra concebida en un contexto completamente diferente y que ahora se revelaba sobredimensionada e insostenible, sino porque exponía a las arcas públicas de la Junta y del Ayuntamiento al pago de indemnizaciones multimillonarias», apuntó. Ahora, estos riesgos «quedan conjurados, al tiempo que evitamos la afección al aparcamiento subterráneo de La Marina, reducimos las incertidumbres arqueológicas y minimizamos la afección a los ficus».