Las empresas que son proveedoras de las administraciones públicas, en su gran mayoría pymes y trabajadores autónomos, comenzarán a cobrar a partir del próximo lunes las cantidades que todavía les adeudan muchas instituciones por obras y servicios realizados en su día y que nunca les pagaron, un problema que llegó a generar en 2011 una deuda máxima acumulada superior a los 500 millones de euros sólo en la provincia de Málaga.
Los dos primeros planes de pago aprobados por el Gobierno de Rajoy ya ayudaron a finiquitar unos 250 millones de este débito a nivel provincial y ayer el Consejo de Ministros autorizó un tercer plan -se espera que sea el definitivo- que podría dejar en Málaga entre 90 y 120 millones adicionales, según las estimaciones realizadas por el presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Javier González de Lara. La Junta de Andalucía, principalmente, y los ayuntamientos son las instituciones que más dinero deben a sus proveedores, constatan los empresarios.
¿Qué ocurre con los casi 150 millones que quedarían pendientes en Málaga de esa deuda arrastrada? Corresponden a trabajos que en su día no contaban con asignación presupuestaria o que no fueron debidamente facturadas por las administraciones y a deudas que están ya en proceso judicial, ya que los empresarios acreedores prefirieron en su momento reclamar por vía judicial el cobro de la deuda más sus intereses. La opción de acudir a los planes de proveedores exigía al empresario que asumiera una quita de renuncia a los intereses de demora.
«Habrá que seguir trabajando para el cobro de lo que quede pendiente pero lo importante es este tercer plan y que estos pagos van a venir como agua de mayo. Los planes a proveedores son una de las mejores medidas que ha adoptado este Gobierno. Se trata de una tema de justicia social: pagar por un trabajo o servicio que se había prestado», comentó.
La morosidad pública, de hecho, ha sido uno de los elementos que han contribuido a agravar el escenario de crisis. La CEM calcula que una tercera parte de los 12.000 negocios que han cerrado en Málaga (o han entrado en concurso de acreedores) durante la recesión han tenido su causa principal en el impago de las administraciones, que eran el principal cliente de muchas de estas firmas.
Los beneficiarios recibirán en su cuenta bancaria el importe de lo adeudado y los primeros en cobrar serán los proveedores de los servicios públicos básicos, como la sanidad o la educación, para los que hay una partida en toda España de 5.400 millones de euros.
El Ministerio de Hacienda está todavía evaluando algunas de las facturas presentadas, por lo que en breve pagará otra gran remesa a los proveedores, catalogados en un segundo tramo por no tratarse de esos servicios básicos, para lo que se destinan otros 8.000 millones que se abonarán en los próximos dos meses. Las facturas de este tercer plan de pago a proveedores son las emitidas entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de mayo de 2013.
Los constructores, a la espera
Los últimos en cobrar serán las empresas del sector de la construcción, cuyos abonos se retrasarán así hasta el inicio de 2014, según confirmó la secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), Violeta Aragón. En cualquier caso lo importantes es que se va a cobrar buena parte de lo adeudado. El sector constructor y promotor malagueño calcula que las administraciones le adeudan en total unos 165 millones de euros.
«Nos va a venir fenomenal pero lo que queremos es que las administraciones paguen en su momento y no que se acostumbren a esperar a planes de pago a proveedores», comentó. Para ello, y al margen de que se vaya a seguir reclamando las deudas pendientes, la ACP trabaja junto al resto de patronales de la construcción para que el Gobierno implante un registro de facturas donde queden registradas todas las administraciones. De esta forma, y ante el impago de una institución -ya sea regional o local- sería el Ejecutivo central el que abonaría la deuda a la empresa para luego detraérselo al moroso de su asignación presupuestaria.
Por su parte, la Federación de Autónomos (ATA) expresó su confianza en que este nuevo plan sirva para que las administraciones pongan el contador a cero y empiecen a pagar a sus proveedores a 30 días, como establece la Ley de Morosidad y la Directiva Europea de Lucha contra la Morosidad.
