16 de enero de 2014
16.01.2014
Municipal

Urbanismo promete "benevolencia" con las infracciones de Villa Arenal

Los vecinos negocian una solución que les permita conservar lo construido ilegalmente, sin demoliciones y abonando las multas que correspondan

16.01.2014 | 05:00
Vista general de una de las calles de la urbanización.

El gerente de Urbanismo, José Cardador, se ha comprometido a ser «benevolentes» en la solución a los más de 50 expedientes sancionadores abiertos que afectan a unos 160 vecinos de la urbanización Villa Arenal, según explicó ayer José Cardero, uno de los representantes de los afectados.

El portavoz de los vecinos explicó que la mayoría de los afectados recibieron durante las fechas navideñas los expedientes abiertos contra ellos, en concreto los expedientes de restablecimiento de la legalidad que conminan a los infractores a eliminar lo levantado ilegalmente, y que ahora están preparando las alegaciones para las que han conseguido ampliar el plazo, a la vez que con sus representantes legales negocian las posibles soluciones a cada caso. El objetivo de los vecinos es que dichas negociaciones culminen con la legalización de «todas o la mayoría» de las actuaciones ilegales y que «nadie tenga que demoler nada». Por supuesto, presentando los proyectos correspondientes abonando las tasas preceptivas y haciendo frente al pago de las sanciones a que hubiere lugar, siempre con la «benevolencia» que la ley permita.

El portavoz de los vecinos señaló que desde hace una semana ya no negocian con la jefa de Disciplina Urbanística Teresa Domingo, a la que acusan de «muy inflexible». Las reuniones las llevan el jefe de servicio de Licencias y el jefe de la sección de Infracciones Urbanísticas. En estas reuniones intervienen también la concejala y el director del distrito de Cruz de Humilladero, Teresa Porras y Alberto Díaz, «que actúan como mediadores entre los vecinos y Urbanismo intentando que la aplicación de la ley sea lo más favorable para los vecinos».

Los expedientes recibidos por los vecinos advierten de las obras irregulares realizadas por cada residente y anuncian la obligación de restablecer la legalidad urbanística alterada. En caso contrario, con arreglo a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), podrán imponerles multas coercitivas a pagar mensualmente por importe de entre 600 y 3.000 euros.

Posteriormente, los infractores se enfrentarán a una sanción por haber construido sin permiso o no ajustarse a la licencia. Su cuantificación se establece a partir de 400 euros por cada metro cuadrado más la aplicación de un coeficiente. De los 50 expedientes abiertos por Urbanismo los vecinos consideran que muchos podrán cerrarse sin sanciones o multas de ningún tipo, en la mayoría de los casos porque serían obras que habrían prescrito.

Los vecinos reconocen que se han realizado actuaciones sin permiso y sin licencia y afirman estar dispuestos a presentar los proyectos necesarios, a pagar las tasas que correspondan y a abonar las sanciones.

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