La operación Edu, contra el supuesto fraude en fondos públicos para políticas activas de empleo, es decir en cursos para desempleados y el fomento de su contratación, amenaza con saltar las fronteras de la provincia, pero, por ahora, lo que se investiga en Málaga es el presunto uso irregular de esas ayudas por parte de 17 empresas «sin actividad aparente» que habrían recibido «al menos» 2 millones de euros de la Junta de Andalucía. Una parte de esa cantidad, no la totalidad, habría sido destinada a otro fin distinto para el que fue otorgada, según las hipótesis policiales.
Ésta es la cuestión nuclear, después de que se haya hablado de cantidades multimillonarias y de la supuesta implicación de políticos, funcionarios y empresas de formación. De momento, lo que hay es un supuesto fraude a la administración, en la que la Junta sería la perjudicada, y lo que se pone en solfa es el destino de las ayudas, el uso que se le da, no el marco de tramitación administrativa armado para concederlas, como ocurre en el caso de los ERE que investiga la incombustible juez Alaya. En este caso, por cierto, no se investiga ni a organizaciones patronales ni sindicales. No en vano, CCOO se desmarcó ayer del caso.
Fuentes cercanas al asunto confirmaron a este periódico que el ministerio público en Málaga abrió diligencias preliminares en mayo de 2013 en torno a 17 empresas que habrían recibido 2 millones de euros para dar cursos a desempleados, ayudas ejecutadas en 2011 y 2012. El expediente se abrió a raíz de que la Seguridad Social detectara anomalías, y su embrión es un informe al respecto de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal relativo a 2010. A esa fecha se circunscriben los hechos. Entre las empresas investigadas en Málaga hay academias y escuela de masajes, según Efe.
«Hay un grupo de sociedades sin actividad aparente, sin la debida actividad, a las que se les adjudicó un dinero que no fue destinado a políticas activas de empleo, es decir, a financiar cursos y a fomentar la contratación de desempleados», señalaron las fuentes.
A partir de ahí, «y una vez que sabemos que ese no ha sido el fin del dinero, podríamos hablar de presuntos delitos de prevaricación, por ejemplo, o de malversación de caudales», indican las fuentes, que al mismo tiempo advierten de que «sólo llevamos meses de pesquisas, está todo muy verde, es el principio de todo, y ni siquiera está judicializada». Es decir, no se ha presentado la correspondiente querella o denuncia para que un juez de Instrucción se ponga a tirar del hilo. Ahora, los esfuerzos de la UDEF central de la Policía Nacional se centran en determinar si la suma entregada se usó para formación y al fomento de la contratación de los parados.
La prevaricación implicaría la existencia de algún funcionario o empleado público en el ajo, pero las fuentes insistieron en asegurar que la investigación está muy verde, y que ese delito es únicamente una hipótesis.
La Fiscalía, para llegar a una conclusión, aún está a la espera de un informe de la UDEF. Luego, se decidirá si se interpone la correspondiente querella. Lo normal es que, estirando el chicle, se puedan hallar más irregularidades que afecten a más provincias. Según Efe, de hecho, se trata de «un fraude millonario» que en las próximas semanas se extenderá a Granada y Almería y luego afectará a toda la comunidad.
Fuentes cercanas al caso han asegurado a este periódico que el asunto «podría estar relacionado con otros sumarios mediáticos», en clara referencia a los ERE, pero, de momento, esto es únicamente una conjetura. Hay quien ha puesto en duda la gestión de los más de 2.000 millones que ha recibido Andalucía para formación profesional para el empleo en siete años, y otras informaciones que apuntan a un fraude de 500 millones de euros en toda la comunidad, aunque en Málaga, y por ahora, la cuantía no supera esos dos millones de euros; es más, «sería una mínima parte de esa suma la irregularmente usada». Las fuentes policiales citadas por las primeras informaciones aludían a 2.000 millones de euros de dinero defraudado.
La policía se ha desplazado a Málaga para interrogar a decenas de personas en la capital y en varios municipios. El consejero de Educación, Luciano Alonso, que ayer acusó al Gobierno de abrir una «causa general» contra Andalucía por este asunto, indicó que en enero pasado la Delegación de Educación de Málaga recibió por parte de la Fiscalía la petición de documento sobre 17 expedientes de la convocatoria de 2010 de un programa de compromiso de contratación subvencionado con 1,5 millones.
Una de las carpetillas se ha cerrado con un reintegro parcial y en el resto las mercantiles tratan de justificar el uso dado a los fondos. La Junta envió lo solicitado por la Fiscalía en febrero pasado.
En los últimos siete años, la Junta ha iniciado 56 expedientes de reintegro por fondos de formación para el empleo y ha realizado 480 requerimientos de información, según el consejero.
Alonso atacó al ministerio del Interior por las filtraciones, y, de hecho, la sensación entre los socialistas, según diversas fuentes consultadas, es que se trata de un ataque dirigido a dinamitar el Gobierno andaluz antes de las elecciones europeas de mayo o las autonómicas, para las que aún queda mucho.
Por cierto, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, mantuvo ayer una conversación telefónica con el consejero andaluz de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, en la que le aseguró que el Ministerio del Interior no filtró ninguna información sobre la investigación. El propio Ministerio desmintió en una nota «tajantemente» esta información.
