La Junta lleva sin convocar plazas públicas de monitores de Educación Especial desde hace ocho años. En su lugar, viene contratando a personal no cualificado procedente de empresas externas, para ahorrarse la mitad del sueldo de estos profesionales, encargados de atender, tanto a nivel educativo como asistencial, al alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en centros ordinarios en aulas específicas o de integración. Estos monitores, integrados en una Plataforma de carácter regional, critican que la Consejería de Educación está privatizando su función, a través del ISE (Ente de Infraestructuras y Servicios Educativos).
Se tata de un grupo de monitores de Educación Especial constituido por el personal laboral de la Junta de Andalucía, interinos y participantes en el último acceso a laboral fijo en la categoría III de Monitores de Educación Especial de dicha comunidad autónoma, según explica María de la Luz Salguero, coordinadora andaluza de esta plataforma.
«Dada la reiterada situación que se viene dando desde el año 2006, hemos iniciado una serie de acciones de protesta para reivindicar la paralización de la contratación de empresas privadas por parte del ISE y que se lleve a cabo la contratación de personal mediante el acceso al empleo público en condiciones de igualdad, mérito y capacidad», añade Salguero, quien insiste en que lo que más les preocupa es que «en estas empresas no trabaja personal cualificado para el desarrollo de este puesto, dando una atención deficitaria al alumnado que atendemos, el de necesidades educativas especiales, que por sus especiales características necesita más apoyo que el resto de alumnado y una atención más especializada».
Para la atención de este colectivo se requiere el título de Técnico Especialista Educador de Disminuidos Psíquicos (antiguo FP II) o el actual ciclo formativo de Grado Superior en Integración Social.
Salguero calcula que en la provincia de Málaga puede haber afectados hasta 90 centros educativos (institutos, colegios y escuelas de Infantil) por esta situación. Informa, del mismo modo, de que el presupuesto librado por la Consejería para cubrir personal en Málaga supera los 1,2 millones de euros.
Salguero critica que esta «privatización del servicio público» tiene una motivación económica. «La Junta se ahorra así la mitad del sueldo en cada caso».
Los responsables de la Plataforma mantuvieron el pasado 29 de abril una reunión con el jefe de servicio de personal no docente de la Consejería, a quien le expusieron sus reivindicaciones. «Nos informó de que la Junta no se plantea la externalización del servicio de atención a personas con discapacidad en los centros educativos y que estas contrataciones se están dando en estos momentos de forma circunstancial con motivo de la crisis y que en cuanto mejoraran las condiciones se crearían plazas», indica Salguero, quien sostiene que en el transfondo persiste la idea de privatizar, por lo que regularán su gestión «y ocurrirá lo mismo que con los monitores escolares de administración».
