22 de mayo de 2014
22.05.2014
Urbanismo

Primera condena múltiple a extranjeros con casas ilegales en la provincia

Cuatro de los condenados son británicos y se les castiga a seis meses de prisión, otros dos están huidos de la Justicia y una séptima ha fallecido

22.05.2014 | 02:06
Cuatro británicos han sido condenados por tener viviendas ilegales en Tolox.

El alcalde de Tolox es sentenciado a un año de prisión, a pagar 3.000 € de multa y se le inhabilita para ejercer de promotor

­Muchos extranjeros compraron en su día un terreno en la Costa del Sol para hacerse una casita, de tal forma que sus sueños se convirtieron, andando el tiempo, en un infierno. Ésta es la situación de los trescientos residentes de la Axarquía que quieren ver regularizada la situación de sus casas y exigen a la Junta de Andalucía celeridad en la tramitación de sus expedientes. Pero los casos se repiten en muchos puntos de la geografía provincial. ¿Eran compradores de buena fe? ¿Sabían lo que hacían? Un juzgado de lo Penal acaba de condenar a seis meses de prisión a dos parejas de británicos por un delito contra la ordenación del territorio. Otro matrimonio está fugado en este caso –o no se les encuentra– y otra de las acusadas también foránea falleció.

El problema es sangrante: en la Axarquía los alcaldes se han quejado en innumerables ocasiones de la ingente cifra de viviendas ilegales, 11.000, muchas de ellas propiedad de ingleses, alemanes o franceses que se han constituido en la asociación Save Our Homes (SOHA) para pedir la regularización de las construcciones. En esta comarca, las situaciones más sangrantes se dan en la Viñuela o Alcaucín. En Mijas, por ejemplo, son 3.000 las casas ilícitas, mientras que en pueblos como Tolox o Cártama el problema también es endémico.

Los hechos ocurrieron en Tolox y no son ajenos a lo sucedido en ese municipio durante los años en los que ha sido alcalde Juan Vera (andalucista que ha pasado por diversos partidos), y en que en este caso es sentenciado a un año de cárcel por un delito urbanístico, a pagar 3.200 euros y es inhabilitado para actuar como promotor o constructor. Eso sí, es absuelto de varios delitos de prevaricación. El juez cree que se prevalió del cargo público que ostentaba.

Vera tomó posesión como alcalde el 14 de junio de 2003 y, en compañía de su esposa, otorgó una escritura de segregación y venta de 4.000 metros cuadrados de una finca de su propiedad que se encontraba en suelo no urbanizable. Un matrimonio británico que está ahora declarado en rebeldía adquirió la parcela, otorgó escritura de obra nueva el 16 de enero de 2004 e hicieron constar la existencia de una edificación en estado ruinoso. Luego, pidieron una licencia de obra para reformar la vivienda, que se les concedió pese al informe desfavorable del secretario, dice el juez. El proyecto de ejecución de la reforma se hizo conforme a una arquitecto técnico también condenada. Finalmente, levantaron una vivienda unifamiliar de 15o metros cuadrados con piscina en suelo no urbanizable.

El 27 de mayo de 2003, el alcalde y su mujer vendieron en favor de otro matrimonio británico una parcela segregada, de tal forma que Vera iba a construir una casa de labor sin apenas infraestructura. El 7 de octubre el regidor pidió una licencia de obras para construir un almacén de aperos, que ejecuta la aparejadora acusada, pero lo que se levantó no fue un almacén agrícola, sino una casa de 75 metros cuadrados y un porche en suelo no urbanizable y sin vivienda.

El 9 de septiembre, segregaron otra parcela en suelo no urbanizable para otra pareja, esta vez española. Una vez más, la mujer acusada solicitó licencia para edificar un almacén de apero, pero lo que levantaron finalmente fue una vivienda en suelo ilegal con porche y terraza sin licencia.

El 6 de noviembre de 2003, ocurrió lo mismo con otra pareja británica. En vez de una casa de apero, levantaron un chalé con espacio suficiente para acoger dormitorios, salón de estar, baños y piscina, otra vez en suelo ilícito y sin licencia, usando la argucia de la casa de aperos que prevé la LOUA.

El 15 de diciembre de 2003, el alcalde y su esposa segregan otra parcela en suelo no urbanizable para una británica ya fallecida, de tal forma que se usó de nuevo la historia del almacén agrícola para encubrir una casa en suelo no urbanizable, con piscina y sin licencia.

Por último, el 17 de mayo de 2001, un español pidió otro permiso para hacer una casa de aperos, pero se hizo una casa de dos plantas, con piscina y porche sin tener licencia. Además, pidió licencia para hacerse una alberca que le autorizó el alcalde, pero se hizo una piscina que triplicaba la superficie inicialmente autorizada.

Recursos El regidor toloxeño cuenta con varias sentencias urbanísticas por prevaricación en las que ha sido condenado tanto a cárcel como a inhabilitación para cargo público, todas ellas recurridas ante la Audiencia. En una de ellas, la Sala revocó el fallo de primera instancia. En esta ocasión, la Fiscalía vuelve a recurrir en apelación. La sentencia obliga a tirar cuatro casas.

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