Cada víctima mortal es un gran fracaso que obliga a tomar nota para mejorar la lucha contra la violencia de género. La última, Verónica Frías, la malagueña de 24 años presuntamente asesinada por su expareja en Ciudad Jardín tras al menos dos episodios violentos anteriores en un caso que reúne demasiados factores en contra. El principal, el más importante por encima de todos, es que en la vida de Verónica se cruzara hace unos años David, de quien se enamoró sin poder imaginar las consecuencias. Ni siquiera en noviembre de 2009, cuando solicitó a un juzgado de la capital que retirara todas las medidas cautelares adoptadas tras una paliza que denunció un mes antes porque quería volver con su agresor. Antes de la reconciliación, Verónica pasó dos días en un piso de acogida de la Junta de Andalucía antes de irse voluntariamente a casa de sus padres, donde siempre dijo que se sentía muy segura.
El pasado 21 de julio, tras otro episodio violento que la llevó a Carlos Haya, los médicos activaron un protocolo que en buena parte se ralentizó por la decisión de Verónica de no denunciar, obligar a la justicia a actuar de oficio y dejar al margen a la policía, encargada de valorar los riesgos de las víctimas, hasta que un juez lo decidiera. También desechó el piso de acogida en favor de la casa de sus padres, en cuyo portal fue supuestamente apuñalada unos días después por su expareja, que el viernes ingresó en prisión. Sin embargo, y afortunadamente, no todo son derrotas en la lucha contra la violencia de género, una lacra que las administraciones tratan de contener con tolerancia cero con los medios disponibles y que cada año arroja cifras abrumadoras que demuestran el esfuerzo de mucha gente. Quizás, las más llamativas son las que representan la punta de un iceberg sobre el que destacan este año las muertes de Verónica y en marzo de Ana González, de 47 años.
Seguimiento Integral
Según los datos del Ministerio del Interior, a 31 de mayo de este año, en la provincia hay 2.781 casos activos dentro del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VdG), de los que 1.925 son considerados de riesgo no apreciado, 714 (8 menores) de riesgo bajo, 139 de nivel medio, 3 alto y ninguno extremo. Aunque estas cifras fluctúan constantemente al cambiar el nivel de riesgo de cada caso cada cierto tiempo, las estadísticas subrayan que la provincia suma 856 mujeres con algún tipo de protección policial. De la misma forma, el Sistema VdG contabiliza 42 dispositivos electrónicos activos, uno más que el año pasado, para controlar que los condenados cumplen las órdenes de alejamiento.
En atención telefónica, durante los primeros cinco primeros meses del año el 016 recibió un total de 232 llamadas, un 29% más que durante el mismo periodo del año pasado, de las que 161 fueron de víctimas (+34,2%), 64 de familiares (+20,8%) y 7 de otros.
Igualmente, este teléfono permitió que 16 de esas mujeres se dieran de alta en Servicio Telefónico de Atención y Protección a las víctimas de la violencia de género (ATENPRO), que ofrece a las víctimas una atención inmediata, ante las eventualidades que les puedan sobrevenir, las 24 horas del día, los 365 días del año y sea cual sea el lugar en que se encuentren.
Uno de los trabajos más delicados y determinantes de todo este proceso es el que gestiona el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y que supone atender a la víctima prácticamente cuando decide salir del pozo. Sólo en Málaga, la coordinadora provincial, Estefanía Martín Palop, asegura que la red de atención del IAM, que abarca la atención directa, el Centro Municipal de Información a la Mujer, el teléfono 900 200 999 y los centros de atención integral y acogida, suma en lo que va de año 2.700 atenciones, una cifra a tener en cuenta porque durante todo el año pasado se atendieron 4.800.
Tras ofrecerles el IAM recursos como informador, psicólogo, trabajador social o un abogado, este organismo facilita para los casos más señalados casas de acogidas. Sólo en Málaga, las 90 plazas que hay repartidas por toda la provincia (30 en centros de emergencia, 54 casas de acogida y 6 pisos tutelados) han dado abrigo durante los primeros seis meses del año a 154 personas, 65 de ellas mujeres y 89 niños.
De las 58 mujeres malagueñas que requirieron la asistencia integral o acogida, 36 fueron atendidas dentro de la provincia dependiendo de las necesidades para su protección y seguridad, mientras que las 22 restantes fueron acogidas en otras provincias por motivos de seguridad.
El promedio es mayor que el registrado el año pasado, ya que durante 2013 estos recursos estuvieron disponibles para un total de 292 personas, de las cuales 136 eran mujeres y 156 niños a su cargo, a las que se les ofreció protección, seguridad y una atención integral tanto social como jurídica y psicológica. Según los datos del IAM, 88 de esas mujeres fueron atendidas en nuestra provincia, pero 42 y sus hijos e hijas tuvieron que ser acogidos fuera de Málaga para proteger sus vidas.
La Valoración Policial de Riesgo determina el nivel de protección sobre la víctima
La primera Valoración Policial de Riesgo (VPR) en un caso de violencia de género se produce en el lugar de denuncia. Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y locales adscritas al programa realizan un cuestionario base a las denunciantes. Treinta y cinco preguntas que se responderán una vez recopilada información «suficiente y contrastada» y que se compararán con el perfil que los forenses den del agresor. Una aplicación informática (bajo la supervisión final de un juez) asigna los niveles bajo, medio, alto o extremo y deberán revisarse cada 72 horas, 7 días, 30 días y 60 días, respectivamente, o cuando lo disponga la autoridad judicial. Cuestiones como violencia consumada o en grado de tentativa, agresiones sexuales, regularidad, empleo de armas, amenazas explícitas, maltrato psicológico, daños en la vivienda, quebrantamientos de condena, etc. «permiten al programa trazar un perfil del denunciado». En esta primera parte del formulario las posibilidades de respuestas son «no se da»; «no se sabe»; «se da poco»; «se da bastante»; y «se da totalmente». La segunda parte valorará los indicadores infrecuentes del agresor. Pérdida de apoyo social del mismo, adicciones, dependencia emocional de la víctima, antecedentes de sadismo o crueldad extrema, trastorno mental acreditado, etc. son la base de esta sección. El formulario reserva 9 preguntas sobre la víctima, entre las que aparece la justificación o asunción de la violencia, el sentimiento de culpabilidad o la retirada de denuncias previas. En definitiva,
un ordenador decide el nivel de riesgo, aunque sus creadores aseguran que es una herramienta construida a partir de decenas de miles de casos reales.
El caso se atascó en el juzgado
El protocolo salta con una denuncia de la víctima o de oficio si se niega a hacerlo, como en el caso de Verónica. Sin embargo, esto ralentizó el proceso y la Policía Nacional no pudo valorar a la víctima porque ni siquiera le constaba la agresión del 21 de julio. El expediente de Verónica llegó al juzgado adecuado el miércoles, un día después de su muerte.
