Los tres activistas que trataron de impedir el desahucio de trece familias de okupas de la Corrala Buenaventura fueron juzgados ayer por la Audiencia Provincial de Málaga y según el abogado del caso (también juzgado), José Cosín, no pedirán suspender la pena porque no se arrepienten.
Cosín explicó a Efe que uno de los requisitos para pedir la suspensión de la condena es el arrepentimiento y que ellos «lo volverían a hacer mil veces», por lo que aseguró que si tiene que entrar en la cárcel lo hará «como señal de protesta». Según indicó el abogado, durante el juicio «ha quedado acreditado que fue una protesta pacífica» y aseguró que ellos no «tienen conciencia de haber cometido ningún delito».
Los tres activistas, a los que se les acusa de un delito de desobediencia a la autoridad por el que les piden nueve meses de prisión, fueron detenidos el 3 de octubre de 2013 tras atrincherarse tres horas en el tejado de un edificio en contra del desahucio de trece familias, que finalmente se ejecutó.
El juicio quedó visto para sentencia y Cosín confió en que esta salga en unas tres semanas y que si tienen que ir a la cárcel irán porque «dentro de la desobediencia civil se incluye aceptar la pena que le impongan». Antes de la celebración del juicio, alrededor de cuarenta personas de diferentes colectivos sociales se concentraron a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Málaga en señal de apoyo a los activistas juzgados por tratar de impedir el desahucio.
La Corrala Buenaventura se formó a principios de 2013, cuando familias que habían sido desahuciadas y se encontraban en situación de desempleo decidieron ocupar el inmueble, propiedad de una entidad bancaria, que llevaba varios años en desuso.
