La Agencia Tributaria publicó la semana pasada el nuevo Plan Anual de Control Tributario y Aduanero. El manual de buenas prácticas con el que combatir el fraude refuerza este año los medios para castigar a los propietarios que no declaren posibles alquileres.
Entre sus propuestas figura el control de consumo de energía eléctrica para detectar alquileres no declarados. Una medida antigua, que se lleva a cabo desde 2010, pero que los propios Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) entienden que harán mayor hincapié a partir de ahora.
La Costa del Sol será una de las zonas más vigiladas por el gigante de Hacienda. Hace un año se calculaba que en la provincia el 75 por ciento de los 65.000 alquileres que se hacen anualmente no se declaraban. Un dato que ha ido creciendo a raíz de la crisis económicas y ha hecho que los propietarios lo conviertan en una fuente de ingresos adicional. La falta de consumo y el retroceso de la demanda habitual, entendiendo por ésta a inquilinos de larga temporada, ha llevado al colectivo a buscar ingresos en el turismo. Un negocio que aumenta año tras año y preocupa al lobby turístico ante la competencia desleal que perciben los empresarios.
Aun así, para el secretario general de Gestha José María Mollinedo este tipo de fraudes es un «mal menor» y la medida persigue el pequeño fraude. El objetivo que se ha impuesto el Ministerio de Hacienda es de 11.300 millones de euros, frente a los 12.318 logrados durante el ejercicio pasado. Fueron los mejores resultados de la Agencia tributaria aunque solo representó un 23 por ciento de la evasión fiscal estimada. El 77 por ciento restante quedó impune.
El control de consumo de energía eléctrica afectará a aquellos que alquilen viviendas de turismo vacacional y residencias dilatadas en el tiempo. El perfil del declarante será aquel que no tenga asesores y desconozca la ley. «Se verán afectadas las personas comunes. El perfil medio del propietario es aquel que cambia de vivienda habitual y decide alquilar o la persona mayor que tiene una vivienda vacacional y la alquila para completar su pensión», explica.
Hacienda tendrá un censo de viviendas e investigará aquellas que tengan un consumo elevado para comprobar si se trata de una cesión a un familiar -por ejemplo- o un arrendamiento sumergido.
¿Cómo actúa Hacienda?
En caso de ver que incurre en un alquiler ilegal, la Agencia tributaria abrirá un expediente sancionador y la sanción será el 50 por ciento de la cuota que dejó de ingresar el propietario. Si la persona está conforme y no recurre puede obtener un 30 por ciento de conformidad de la sanción. Si paga obtiene una reducción del 25 por ciento por lo que la sanción se quedaría finalmente en un 26,25 por ciento de la cuota reclamada por el organismo. Hay que sumar los intereses de demora del cinco por ciento de cuando se dejó de declarar con respecto al momento de la liquidación.
Para que nadie incurra en este fraude, Mollinedo detalla que la solución es declarar. En caso de no haberlo hecho se puede hacer una declaración complementaria previa al aviso a pagar por parte de Hacienda. Una fórmula para evitar sanciones y no incurrir en este fraude sencillo de descubrir, demostrar y cobrar, según el secretario general. Y es que Mollinedo resaltó que los objetivos por parte de la Agencia tributaria son «poco ambiciosos».
Novedades
Entre los últimos puntos incluidos en el plan de control destaca el control de páginas web. Se rastrearán 200.000 dominios e incluso Hacienda hará un análisis de las redes sociales para detectar posibles signos de riqueza. «Nos parece positivo todo lo que sea la toma de información pero lo vemos con escepticismo», resume Mollinedo. «Esto solo dará pie a encontrar pequeñas operaciones entre particulares», matiza.
Se conocerá quién ha solicitado a través de alguna web unas zapatillas de origen asiático, o podrán ver si alguien sube una foto a su red social con un bolso de Louis Vuitton, pero todo se mueve en términos muy ambiguos. Un montaje fotográfico o probarse alguna prenda de marca y fotografiarse con ella, sin llegar a comprarlas on posibilidades que plantea el colectivo y que no sabe cómo lo gestionará Hacienda.
La crítica que hacen desde Gestha es que el sistema requiere un cambio drástico en su planteamiento y las competencias. El 80 por ciento de la plantilla está destinada a luchar contra el pequeño fraude mientras que el 20 por ciento se dedica a lo que concierne a multinacionales, grandes fortunas y corporaciones empresariales. «Ellos son los culpables del 70 por ciento de la evasión fiscal. Es algo histórico», matiza.
Numerosos estudios avalan que cada año crece la economía sumergida y el esquema de trabajo por parte del Ministerio de Hacienda es el mismo. La solución para Mollinedo pasa por aumentar el porcentaje de funcionarios destinados a rastrear los movimientos de las multinacionales. Están asesorados y no incurren en fallos perceptibles a primera vista. «Este modelo le viene bien a la Agencia tributaria porque los que no están bien asesorados es relativamente fácil descubrir», explica.
