La Guardia Civil ha desarticulado un grupo organizado que supuestamente utilizaba ayuntamientos sorianos para inscribir a parejas ficticias para legalizar a inmigrantes irregulares, operación que se ha saldado con la detención de 15 personas en la provincia de Málaga y la inspección por parte de la Tesorería de la Seguridad Social de una empresa implicada en la trama.
La subdelegada del Gobierno en Soria, María José Heredia, y el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, Andrés Velarde, informaron ayer de esta operación, denominada Bautizos, que se inició gracias al «aviso» por parte de los funcionarios y secretarios de los ayuntamientos sorianos sobre la solicitud de parejas de hecho compuestas por mujeres españolas y varones de origen magrebí y egipcio. Según puntualizó el representante de la Benemérita, se llegaron a abrir nueve expedientes para obtener la documentación de empadronamiento y los certificados de inscripción en el registro de parejas de hecho de los respectivos municipios.
La investigación se inició el pasado enero cuando en los ayuntamientos de Ágreda, Almarza y Garray se personaron varias parejas compuestas por mujeres de nacionalidad española y varones marroquíes y egipcios con la intención de empadronarse y solicitar que les extendieran certificados de inscripción en el registro de parejas de hecho. Los funcionarios de estos registros, sin perjuicio de continuar con la tramitación solicitada, pusieron los hechos en conocimiento de la Guardia Civil al «sospechar» de la composición de las parejas, al tratarse en todos los casos de mujeres procedentes de Málaga, sin vinculación alguna con Soria, y de ciudadanos marroquíes y egipcios en situación irregular en España. El teniente coronel aseguró que «se desconoce el motivo» de por qué la trama, radicada en Málaga, eligió los ayuntamientos sorianos, y que se sabe que «intentaron en otras provincias de Castilla y León», si bien en casos aún no constatados.
En la investigación «se evidenció» que la constitución de las parejas era presuntamente fraudulenta puesto que «no existía vínculo ni convivencia» y que la finalidad era la obtención de un certificado de inscripción de pareja de hecho, con el que posteriormente se solicitaba una tarjeta de residencia como familiar de ciudadano miembro de la UE.
La trama cobraba a los inmigrantes irregulares entre 3.000 y 5.000 euros para llevar a cabo toda esta tramitación de los documentos que tenían validez para cinco años. Asimismo, la Guardia Civil ha conseguido detectar que estos ciudadanos extranjeros no se quedaban en España y se trasladaban a residir a otros países de la Unión Europa, preferentemente a Bélgica y Holanda.
De forma paralela, según explicó el teniente coronel, se utilizaba a empresas que daban altas en la Seguridad Social sin que existiese actividad laboral que justificara los contratos. Por ello, se giró una visita de inspección a estas empresas por parte de la Guardia Civil y de funcionarios de la Tesorería Provincial de la Seguridad Social de Málaga, expediente que sigue en curso.
Los presuntos cabecillas de toda la operación, responsables de captar inmigrantes y realizar los trámites burocráticos, eran dos marroquíes, y también se ha detenido a dos mujeres que eran las captadoras de chicas.
