Desde el momento en que este periódico puso en conocimiento a la opinión pública de la situación que afectaba a miles de personas perjudicadas por la subvención del IBI, la Diputación alegó que el problema se debía a que Hacienda había aprobado una nueva normativa en octubre de 2014 (con posterioridad a la concesión de las ayudas) por la que obligaba a ser declaradas todas las subvenciones públicas concedidas.
La realidad es que la normativa por la que la gran mayoría de las subvenciones y ayudas públicas deben declararse a Hacienda está en vigor desde hace años, según han confirmado diversos asesores fiscales, pero la mayoría de las instituciones públicas no la aplican y los contribuyentes la desconocen, por lo que la incumple. Como Hacienda no tenía mecanismos para saber quiénes habían recibidos ayudas concedidas por parte de las administraciones públicas, ideó la normativa a la que hace referencia la Diputación y desde octubre ordena que todas las administraciones públicas trasladen los listados de las personas o entidades a las que hayan concedido subvenciones o ayudas, cualquiera que sea su importe. Y esta es la madre del cordero del escándalo político que se ha generado, pues gracias al cumplimiento de esta orden, como ha hecho al Diputación, Hacienda puede saber quién ha recibido ayudas públicas, aunque los beneficiarios no lo comuniquen y quiénes están obligados a hacer la declaración de la renta por el hecho de percibir estas ayudas.
