La nueva oleada de detenciones que el caso Edu arrojó ayer provocó la consiguiente resaca de reacciones de los grupos políticos en plena negociaciones por los posibles pactos por las alcaldías y el Gobierno andaluz. Después de que la Junta de Andalucía expresara a través de su vicepresidente en funciones, Manuel Jiménez Barrios, su respeto por la investigación y aclarar que no hay ningún integrante del actual gobierno imputado en el caso, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, instó a que se investigue «hasta el final» y que «se diriman responsabilidades», aunque también pidió trabajar desde el rigor y la prudencia en el presunto fraude en fondos para desempleados. La diputada del PP-A, Teresa Ruiz Sillero, fue más allá y se preguntó «cuántos arrestos más tienen que producirse» para que la presidenta de la Junta en funciones, Susana Díaz, «dé explicaciones» y exigió su comparecencia urgente en el Parlamento andaluz. Además, Sillero consideró «inadmisible» que desde el pasado mes de enero haya un «apagón informativo» en la Cámara andaluza y aseguró que es el Gobierno de Díaz el que ya tenía que haber comparecido de motu proprio para dar explicaciones. El vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, centró su discurso en que está «claro» que desde la Junta de Andalucía se «impulsó un sistema para condicionar el voto» de los andaluces: «Para eso sirvieron los ERE, los cursos de formación y otros fondos».

Izquierda Unida. Por su parte, el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, urgió a la Junta de Andalucía a colaborar «de manera activa» con la Justicia, a la par que le exigió «apartar, en este caso de modo preventivo, a todos los que han sido detenidos o imputados» en esta nueva fase de la operación EDU. «Lo importante es qué decisión se adopta. La decisión de la Junta tiene que ser firme, contundente y sin ambigüedades, sin género de dudas sobre la posición que debe tener un gobierno ante ese tipo de actuaciones», advirtió.

El coordinador federal de esta formación, Cayo Lara, lanzó que las nuevas detenciones son una de las razones por las que la presidenta en funciones decidió romper el pacto de gobierno y adelantar las elecciones autonómicas. «Siguen los coletazos de por qué se disolvió el gobierno», dijo antes de añadir que su organización dio «estabilidad» al Gobierno andaluz durante la pasada legislatura y «sobre todo» era garantía de transparencia, exigiendo comisiones de investigación sobre los ERE.