17 de junio de 2015
17.06.2015
Sindicato Bomberos

Acusan a un jefe del CPB de mentir para avalar el despido de los operadores de sala

ASeD cree que su informe permitió privatizar el servicio y contratar personal vinculado al equipo de gobierno

17.06.2015 | 05:00

­La Asociación Sindicalismo en Diputación (ASeD) se ha personado en la denuncia penal que inicialmente presentó el Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) de Málaga contra el jefe técnico del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) a raíz del informe «supuestamente fraudulento» que supuso en 2012 el despido de ocho trabajadores (seis operadores de sala de la central de emergencias, un técnico de Recursos Humanos y un técnico de Comunicación). Según informó ayer la organización sindical en un comunicado, esta medida fue el paso previo a la privatización del servicio de comunicaciones que, añaden, duplicó innecesariamente los costes en relación al trabajo de los funcionarios, cuyas plazas fueron amortizadas. Ahora, tras acceder a ese informe, la ASeD acusa al jefe técnico de «mentir deliberadamente» en el mismo «para facilitar la privatización y la posterior contratación de personal vinculado políticamente al equipo de gobierno, habiendo sido incluso contratados algunos de ellos como cargos de confianza del CPB». ASeD subraya esa mentira cuando el técnico argumenta en el documento que el CPB «no cuenta con suficiencia de medios materiales para cubrir las necesidades objeto de la contratación, ni pueden ser ejecutadas por el personal que presta servicios a la Entidad», cuando, insiste el sindicato, desde hacía años se prestaba este servicio con personal propio del consorcio. El razonamiento, definido por la ASeD como una «sentencia de muerte para los trabajadores implicados», ha provocado que trasladen el caso a la Fiscalía al considerar que, más allá de una irregularidad administrativa, pueda haber un «delito penal». El sindicato también pide al juzgado la inhabilitación y la revocación del nombramiento del jefe técnico, al que sitúan en el centro de otra polémica, ya que aseguran que carece de la titulación para ejercer el puesto según la Ley de Gestión de Emergencias de Andalucía: «Su nombramiento le habilitó para ejercer fraudulentamente la funciones de una escala profesional para cuyo acceso se requería una titulación académica superior de la cual carecía, y que la propia Administración trató de subsanar mediante un cambio en la denominación del puesto pero continuando con el mismo contenido en funciones que anteriormente».

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