Las minorías resultado de las elecciones autonómicas y municipales, así como la entrada de nuevas formaciones han dado un vuelco al mapa político. El clásico enfrenamiento entre el PP y el PSOE, con IU como elemento de balanza en muchos casos, ha quedado en suspenso. Ciudadanos ha irrumpido con fuerza y se ha convertido en la clave de la gobernabilidad en la provincia de Málaga y en el gobierno andaluz. De los pactos que el PSOE y el PP negocien con la formación naranja dependen más de 850 millones de euros de inversión pública y privada de las tres administraciones. Y eso sin contar con planes de empleo, sociales o programas de rehabilitación. Sólo contando la inversión en obra e infraestructura.
El papel de Ciudadanos se ha convertido en clave en apenas unos meses. La investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía; de Elías Bendodo como presidente de la Diputación; y Francisco de la Torre como alcalde de Málaga han sido posibles gracias a sus votos. Pero eso es sólo el primer paso. Inicialmente estos tres dirigentes se encuentran con unos plenos poco receptivos a llegar a acuerdos y la minoría de sus respectivos grupos les deja en manos de Ciudadanos para sacar adelante los proyectos pendientes. De la Torre se ha asegurado un acuerdo de gobernabilidad con Ciudadanos, que le está permitiendo definir su estructura municipal y marcar unas guías de su gestión. Pero no dejan de ser un trazo grueso que, al trasladarlo al aspecto concreto, puede dar lugar a más de una sorpresa.
Equilibrio en Málaga capital
El Ayuntamiento de Málaga tiene en espera unos 500 millones de euros por definir su destino. Gran parte de esta inversión corresponde a proyectos privados que necesitan de la aprobación y desarrollo de los planes por la Gerencia Municipal de Urbanismo. Los grandes convenios urbanísticos (Repsol, Térmica, Martiricos, La Mundial y la Academia del Málaga C.F.) y obras emblemáticas como el hotel del Puerto de Málaga mueven muchos millones de euros. Sin una mayoría sólida que respalde los planes concretos que se vayan presentando, se quedarán en suspenso o se tendrán que hacer de nuevo. En este punto el papel de Ciudadanos es clave para definir el modelo de ciudad, pero también el resto de partidos del pleno municipal (PSOE, IU y Málaga Ahora), ya que la posibilidad de consensuar medidas con ellos abrirá el abanico para reforzar los acuerdos o tener alternativas si falla la vía con Ciudadanos.
El equipo de gobierno quiere elaborar un dossier con los proyectos pendientes, que incluya información sobre su desarrollo y características. A partir de este documento se buscarán puntos de encuentro con todos los grupos municipales e ir despejando así el panorama a medio plazo.
No parece que el camino sea fácil. La primera víctima de la falta de consenso puede ser el Polo de Contenidos Digitales para Tabacalera, una proyecto a nivel nacional y cofinanciado con fondos europeos, pero que necesita iniciar ya las obras para no perder la ayuda económica. Eso implica aprobar una modificación presupuestaria que el PP está ya negociando, aunque ningún partido parece proclive a aceptarlo sin más. El desarrollo de esta negociación dará una idea de cómo será el mandato.
Por delante quedan muchos temas pendientes de cerrar, como el destino del Astoria, el futuro del Auditorio de Málaga, el uso del cauce del Guadalmedina o el contrato de Limasa, algunos de los temas motivo de debate en este mandato.
La Junta y el metro
Otra administración que se ha convertido en rehén del consenso y del diálogo es la Junta de Andalucía. La exigua mayoría del PSOE deja en manos de Ciudadanos la toma de decisiones, después de la ruptura total que existe con el PP, Podemos e IU, a la que además echó del gobierno andaluz en febrero, con lo que ha cerrado durante mucho tiempo los canales de comunicación.
Por el grupo parlamentario de Ciudadanos tendrá que pasar gran parte de la acción de gobierno de Susana Díaz. Eso implica condicionar unos 300 millones de euros de inversión pendiente en la provincia y es el metro de Málaga la obra más delicada. Con un tramo con la obra muy avanzada (Renfe-Guadalmedina), otro iniciándose (Guadalmedina-Atarazanas) y un tercero en diseño (El Perchel-Hospital Civil), quedan cerca de 90 millones de euros por invertir y un plazo que cumplir: finales de 2017. Cualquier retraso o cambio en el proyecto de última hora supondrá importantes sobrecostes en la obra y en los costes de explotación del metro. Y aquí el alcalde ya ha empezado a presentar batalla, en concreto en el tramo al Hospital Civil, con el apoyo de Ciudadanos. De cuánta batalla presente o de la capacidad de De la Torre de cumplir el convenio con la Consejería de Fomento dependerá el futuro de la infraestructura y el montante de la factura.
No es el único punto que habrá que negociar. La Junta tiene que terminar de construir la red de depuradoras de aguas residuales de la provincia (117 millones de euros), plantear la depuradora del Guadalhorce, definir si apoya el auditorio de música, ejecutar el plan de la Bicicleta de Málaga acordado con el Ayuntamiento (17 millones), darle una salida a los solares abandonados de las tecnocasas, terminar la ampliación del Hospital Costa del Sol, el CHARE de Cártama y el comarcal de Ronda. Eso sin entrar en la infraestructura educativa o el reparto de presupuesto para los planes de empleo, subvenciones o ayudas. Las cuentas para este año están ya claras y con un presupuesto vigente, pero será tras el mes de agosto, cuando se tenga que negociar el presupuesto de 2016 y se haga más patente el grado de influencia de Ciudadanos en determinar la política andaluza.
Diputación se suma
La Diputación Provincial de Málaga seguirá otros cuatro años más con el mandato de Elías Bendodo (PP) tras el acuerdo con Ciudadanos. A partir de ahora, y una vez que se ha cerrado un acuerdo de investidura y de recorte en el organigrama, queda acordar un pacto sobre los 50 millones de inversión que tiene pendientes en proyectos de cierta envergadura, como completar la senda litoral -queda por iniciar un 25% del trazado por 16 millones-, la segunda fase del Caminito del Rey (4,5 millones) o la depuración en pueblos pequeños, con 25 millones de euros de inversión conjunta con el Gobierno.
Estas actuaciones parece que no corren peligro, al haber compromisos en marcha o tener un amplio respaldo. Queda por ver si Ciudadanos se suma a la iniciativa de crear dos escuelas de hostelería, quizá la propuesta más innovadora.
