Los desempleados menores de 29 años que se inscriban en el Sistema Andaluz de Garantía Juvenil (SAGJ), que cuenta actualmente con más de 28.000 usuarios en la comunidad, recibirán una oferta de educación continua, formación de prácticas o incluso de empleo en un plazo inicial máximo de seis meses, según el acuerdo de aplicación y coordinación aprobado ayer por el Consejo de Gobierno para este organismo. El SAGJ es un ente que comenzó a desarrollarse en abril de 2014 para facilitar a estas personas un modelo integral de ofertas laborales, formación y prácticas.
El consejero andaluz de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, afirmó que Andalucía es la comunidad española que más avanzada tiene la implantación de esta iniciativa, propuesta por la Unión Europea en 2013, y añadió que este acuerdo supone su «definitiva consolidación». La intención de la Junta es que el plazo para presentar estas ofertas a los jóvenes parados se reduzca a cuatro meses para 2020.
En el caso de Málaga, y según los datos del Servicio Público Estatal del Empleo, la media mensual de demandantes de empleo por debajo de los 30 años es de algo menos de 40.000 personas, lo que supone alrededor de una quinta parte de los parados totales de la provincia. De ellos, además, unos 18.000 son menores de 25 años. Todas estas personas, no obstante, deberán inscribirse en el SAGJ para acceder a los servicios de este organismo.
Desde su puesta en marcha a través del Programa Emple@Joven, el SAGJ ha propiciado casi 46.000 contratos para el colectivo de personas desempleadas menores de 29 años, uno de los más castigados por la crisis económica. Con el aprobado ayer, el SAGJ, dispondrá inicialmente de un presupuesto de 323,43 millones de euros para nuevos proyectos, con una financiación del 90% por parte del Programa Operativo de Empleo Juvenil de la Unión Europea.
Inserción y prácticas. Las dos principales novedades previstas en esta etapa, según detalló Sánchez Maldonado, son el diseño de planes integrales de inserción y la puesta en marcha de una línea de prácticas denominada «Movilidad Internacional».
En relación con los nuevos planes integrales de inserción, el acuerdo los define como un conjunto de acciones formativas y prácticas profesionales de dos años de duración. Se desarrollarán en zonas de actuación previamente definidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a partir de la identificación de los territorios con mayor número de jóvenes sin ocupación y sin estudios, en estrecha conexión con el tejido productivo local y sus sectores económicos emergentes (al menos la mitad de las personas participantes deberán realizar las prácticas en empresas de la comarca).
Los planes se articularán a partir de convocatorias de incentivos a entidades especializadas, en las que se valorará especialmente la colaboración que acrediten con ayuntamientos, empresas y ONG locales.
Los jóvenes participantes contarán con un servicio de tutorización que, más allá de la orientación, les facilitará el desarrollo de las habilidades necesarias para aprovechar una oportunidad laboral. Las personas sin ninguna cualificación participarán también en la formación básica compensatoria del sistema educativo.
Respecto a las prácticas de «Movilidad Internacional», esta medida se desarrollará a través del programa TLN Mobility, que promueven 15 estados miembros y regiones de la Unión Europea para favorecer la adquisición de experiencias profesionales, procesos de acompañamiento personalizado de inserción y acciones formativas para facilitar la obtención de titulación.
Las nuevas medidas del SAGJ, que se suman al Programa Emple@Joven, estarán coordinadas por el SAE y contarán con la participación de agentes sociales y entidades sin ánimo de lucro que trabajan con jóvenes, el Instituto Andaluz de la Juventud y diversas consejerías de la Junta.
El desarrollo del SAGJ a través del Emple@Joven ha implantado una estrategia basada en tres grandes medidas, que también tendrán ahora continuidad: la iniciativa Cooperación Social y Comunitaria, que incluye contrataciones para proyectos de interés social promovidos por los ayuntamientos; la línea de apoyo a las prácticas profesionales en empresas, y el Bono de Empleo Joven para la primera experiencia laboral.
