El Tribunal Supremo ha incrementado las penas de Juan Antonio Roca, exasesor de Urbanismo de Marbella, desde los 11 años de cárcel hasta los 17, al castigarle a dos años y medio más de prisión por un nuevo delito fiscal e incrementar las de blanqueo de cinco a siete años, y las de cohecho desde los dos hasta los tres años y medio.
La exalcaldesa, Marisol Yagüe, es sentenciada a cinco años y medio de cárcel, seis meses menos que en el fallo de primera instancia, al aumentársele la pena de soborno pero ser absuelto de alteración de precios en subastas públicas. También escapa con una pena inferior la exprimera teniente de Marbella, Isabel García Marcos, condenada en primera instancia a cuatro años y que ahora ve rebajada la pena hasta los tres años y medio por cohecho.
El fallo, hecho público hoy y entregado a los procuradores a las 11.30 horas de la mañana, le he llevado un año de trabajo a la Sala Segunda del Tribunal Supremo y supone el fin de un caso que se inició en marzo de 2006 con las detenciones ordenadas por el juez Miguel Ángel Torres. En los próximos días, la Fiscalía Anticorrupción pedirá la ejecución de la sentencia y muchos de los encausados deberán entrar en prisión y hacer frente a las multas.
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Saavedra, tiene 3.138 folios y cuenta con el voto particular de Andrés Martínez Arrieta. Tras casi dos años de juicio, la Audiencia malagueña condenó en octubre de 2013 a medio centenar de personas, entre ellas el principal acusado y presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, al que se le impusieron 11 años de prisión y 240 millones de euros de multa por los delitos de cohecho pasivo continuado, blanqueo (como jefe de una organización), fraude y prevaricación.
También fue condenada la exalcaldesa Marisol Yagüe a seis años de cárcel y multa de 2,3 millones por cohecho continuado pasivo para acto injusto no realizado, malversación, alteración de precio de subasta y fraude; así como empresarios, abogados y exconcejales marbellíes.
La Sala de lo Penal del TS fijó varias sesiones en julio del pasado año para escuchar al medio centenar de partes, entre ellas la Fiscalía, la Junta de Andalucía y la Abogacía del Estado, que recurrieron la sentencia dictada por la Audiencia de Málaga contra la mayor trama de corrupción, que llevó, incluso, por primera vez a la disolución de un ayuntamiento.
En esas vistas, la Fiscalía solicitó más pena para la mayoría de los procesados que fueron condenados, pidiendo una revisión de los delitos y de las atenuantes aplicadas; mientras que la abogada de Roca pidió "depuración y limpieza" de todo el procedimiento judicial del caso porque la instrucción la realizó un "enemigo del investigado" y "sin sujeción a la Constitución ni a la ley".
