Los datos no dejan lugar a dudas: la Fiscalía Provincial de Málaga investigó en 2014 un total de dieciséis secuestros condicionados -es decir, a cambio de un rescate- frente a los seis del ejercicio 2013, lo que supone un crecimiento del 166%. Fuentes de la Policía Nacional consultadas por La Opinión de Málaga, expertas en este tipo de delincuencia, señalaron que el auge de estos delitos se debe precisamente a los secuestros exprés y a un tanto por ciento de casos de falsos raptos, en los que una persona se inventa una detención ilegal para que su entorno pague un rescate y así aliviar sus deudas económicas.
En cuanto a los secuestros exprés, estas fuentes policiales precisaron que sí se están dando en la Costa del Sol, y señalaron que «es una copia del sistema sudamericano mejorada por las bandas del este de Europa».
En su comisión no suelen participar más de cuatro personas ya que si no el rescate reportaría un beneficio económico muy escaso para los miembros del grupo y no merecería la pena al repartir las ganancias. «Prefieren pedir menos rescate repartiendo entre pocos y repetir la operación», indicaron.
Además, las fuentes señalaron que el secuestrado siempre suele ser un menor, y que no es habitual causar lesiones a los perjudicados incluso aunque no consigan el beneficio económico pretendido.
Por otro lado, las mismas fuentes policiales recalcaron que hay un porcentaje de personas que fingen su propio secuestro por problemas económicos y financieros de entidad, de forma que con la solicitud del rescate tratan de hacer frente a los mismos. Otras veces, estos raptos encubren problemas familiares de importancia. «En la jerga policial a este tipo de secuestro se les llama bartolines en honor al concejal del Partido Popular que fingió su propio rapto», señalan.
Estos casos se tramitan como secuestros normales hasta que los indicios llevan a la policía a pensar en la falsedad de la desaparición.
Hay un tercer grupo de secuestros que tiene más que ver con los ajustes de cuentas entre organizaciones criminales rivales, fundamentalmente las que se dedican al narcotráfico. Así, a principios de septiembre la policía liberó a un hombre de 27 años que había sido retenido durante seis días en un chalé de Benahavís. Hubo diez detenidos y todos ellos están ya entre rejas a la espera de juicio.
Los raptores llegaron a exigir a la familia del rehén 35.000 euros bajo la amenaza de torturarlo y matarlo si no se hacía efectivo el pago. Finalmente, tras una laboriosa investigación, los agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) pudieron liberarlo.
La investigación se inició tras la denuncia de los familiares del hombre en el municipio de Mijas. Los investigadores activaron el Protocolo nacional para casos de secuestro, constituyéndose un equipo conjunto entre agentes de la Udyco y la Udev.
Tras varios días de intensas investigaciones y de gestión de la crisis por parte de los negociadores policiales, fueron localizados dos de los autores del rapto en una gasolinera de San Pedro Alcántara, de forma que se pudo llegar al lugar en el que se hallaba la víctima.
Los agentes especiales entraron en la casa el 18 de agosto pasado y detuvieron a siete de los diez integrantes de la red de crimen organizado, todos ellos franceses de ascendencia argelina.
Asimismo, esta semana se ha conocido la condena a un total de 45 años de prisión a los tres miembros de un grupo criminal que realizó el secuestro exprés de un matrimonio en la barriada malagueña del Puerto de la Torre. Los abordaron en el garaje de su casa, en un edificio de Teatinos, y, tras hacerse pasar por policías y en presencia de sus hijos de ocho años y siete meses de edad, trasladaron a los perjudicados esposados a un chalé en Puerto de la Torre. Tras dos horas, los dejaron en su casa. Los hechos ocurrieron en mayo de 2009 y les pidieron un rescate de 120.000 euros.
