­Tras dos décadas trabajando, trabajadores del Centro de Internamiento de Menores Infractores San Francisco de Asís, en Torremolinos, se ven ahora en el paro. Por ello, ayer denunciaron a las puertas de la Delegación de la Junta de Andalucía en Málaga los «despidos encubiertos» que se están produciendo durante este año 2015 y que han afectado a varias decenas de profesionales.

Algunos de los empleados llevan ofreciendo su ayuda a los menores internos desde la década de los 90 con contratos de distinta duración, pero este año no han sido contratados. Los profesionales acudían al centro como monitores durante las vacaciones de verano, pero este año no ha sido así y se han visto sin trabajo. «Pensamos que es fruto de la política de recortes y privatización» de los servicios públicos de Andalucía, explicó Inmaculada Sánchez, extrabajadora del centro.

A través de llamamientos a los diferentes responsables e incluso al Defensor del Menor, los afectados han intentado solventar el problema de la mejor forma posible, pero no han recibido respuesta y han decidido llevar el tema a los tribunales.

La función pública les ha comunicado que existe una nota interna del año 2015 que expresa que no sólo es posible contratar a personas con experiencia porque así se vulneraría el derecho a la igualdad, méritos y capacidad, pero según Sánchez, «ese documento no está».

Además, la extrabajadora defiende que en este tipo de centros la experiencia también es muy importante. «Hay que saber muchas cosas y conocer muchas leyes», ya que tratan con menores que están cumpliendo medidas judiciales».

Reivindicaciones. Los trabajadores del centro, el único de titularidad pública que queda en toda Andalucía, reivindicaron el derecho a su labor en el centro, ya que desempeñan un papel muy importante con menores infractores que tienen características especiales. «No vamos a parar hasta volver a nuestro trabajo, a lo que queremos y sabemos hacer», manifestó la extrabajadora.

Dada esta situación, los trabajadores han hecho un llamamiento a todos los colectivos afectados por los recortes de las privatizaciones de la Junta para unirse en defensa de un empleo estable y unos servicios públicos de calidad, creando la Plataforma de Colectivos Afectados.