El exdelegado de Empleo de Málaga Juan Carlos Lomeña se ha referido hoy a la paralización de los cursos de formación en 2013 por parte de la presidenta, Susana Díaz, por el presunto fraude, y ha señalado que "cuando se crea una alarma social innecesaria también se producen decisiones innecesarias".
Lomeña, que fue delegado provincial de empleo entre 2004 y 2011, ha dicho en la comisión de investigación parlamentaria que esa decisión "la toma la autoridad que tiene que tomarla", pero ha opinado que "se ha perdido un tiempo precioso" en la formación y espera que ahora pueda recuperarse con su reactivación.
Ha limitado el informe del interventor provincial a "faltas administrativas, nunca contables", y de él ha destacado que dijera que "no hay menoscabo de fondos en ningún momento" y que se refiere a un muestreo "en el que dice que la mitad está correcta y la otra mitad no ha finalizado el procedimiento administrativo".
"El interventor ha dicho una serie de cosas que son todas faltas administrativas", ha explicado Lomeña, quien ha recordado que "en cualquier procedimiento administrativo hay fallos", ha agregado.
Ha opinado que en el control técnico la opinión del interventor "es una más" y ha dicho que el hecho de que la intervención no tenga un documento no quiere decir que no se haya hecho.
Ha dicho que "las recomendaciones significa recomendaciones, no son de obligado cumplimiento" y que él "discrepa" con las del interventor porque "no hay un problema de ilegalidad, sino de criterios", por lo que no deben aplicarse obligatoriamente.
Lomeña ha defendido que el sistema de inserción laboral es "estupendo" y los compromisos de contratación tienen "un seguimiento real", con un programa como Argos, que es "muy potente y válido", por lo que "si no tiene los datos el interventor es otra cosa".
En cuanto a las exceptuaciones que se hacían, ha manifestado que "es evidente que la norma no cubre las necesidades del servicio de formación" y por tanto se producía el "solapamiento" de la justificación de unos cursos con las nuevas convocatorias.
Ha detallado que las exceptuaciones se producían "para no parar la actividad formativa", ya que algunos expedientes llegaban "a última hora", con un "solapamiento en la justificación de cursos", y ha explicado de que la Jefatura de Servicio informaba mediante un correo electrónico a la Dirección General del listado de empresas.
El exdelegado ha sido cuestionado también por las exceptuaciones que se hacían a algunas empresas de la obligación de tener que estar al día del pago a la Seguridad Social para poder ser beneficiarias, ante lo que ha insistido en que eso no era una medida obligatoria y que además el expediente siempre venía de fiscalización previa.
"Lógicamente yo firmo las resoluciones porque previamente está fiscalizado y se me ha hecho la propuesta", ha indicado Lomeña, quien ha enfatizado en que "el servicio entiende que no tiene que pedir un documento que no es un requisito legal".
Al ser preguntado sobre cómo se comprobaba que las empresas estuvieran dadas de alta en la Seguridad Social a la hora de darles las subvenciones, ha señalado que la intervención no podría fiscalizarlo si faltaran esos documentos.
Ha afirmado que si tuviera conocimiento de que había empresas que obtenían beneficios con los cursos lo habría denunciado "porque es ilegal" y ha rechazado "el relato de 'cazasubvenciones'".
"Yo no cambio los procedimientos establecidos. Hay una guía de actuación en formación y una normativa", ha esgrimido Lomeña, quien ha afirmado que su servicio lo que hizo fue cumplir la norma.
Ha sido interrogado por la declaración de un exalumno de un curso en Málaga que dijo que se avisaba de las inspecciones y que no aprendía nada porque eran mano de obra para hacer "el trabajo sucio", de quien ha puesto en duda su credibilidad porque "la denuncia la pone cuando termina el periodo de contratación".
"No podemos argumentar con carácter general cosas que son una excepcionalidad que vienen de un personaje que además hace una descalificación del sistema político que no es la adecuada", ha agregado en ese sentido.
Sobre el requisito de contratación, ha manifestado que no le preocupaba eso porque si no lo lograba se "aminoraba" la subvención y si no cumplía los objetivos al año siguiente no se le daba nada.
El seguimiento de este requisito se hacía pidiendo el contrato laboral, pero después no se comprobaba en la empresa, ha añadido.
Lomeña ha mostrado su preocupación por que el "relato" que se extraiga de la comisión "dañe al sistema y pierda credibilidad", por lo que ha pedido que no se culpe a la formación profesional de cosas que considera que no le corresponden.
Respecto a la petición de reintegro de la ayuda que se dio al CIO Mijas, ha asegurado que no tiene "responsabilidad directa" porque responde directamente a la dirección general de formación.
