La presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga, Lourdes García Ortiz, y el juez decano de la capital, José María Páez, dieron ayer una rueda de prensa en la Ciudad de la Justicia para dejar clara su postura ante la reciente creación de una Sala de lo Penal del TSJA y la presión que están haciendo las autoridades judiciales granadinas para que el nuevo órgano se quede allí y no se desplace ninguna de sus secciones ni a Málaga ni a Málaga ni a Sevilla: tacharon de «vital» que la ciudad cuente con una sección -tres magistrados- de esa Sala de lo Penal, al igual que también lo ha pedido la capital hispalense.

Como explicaron ambos responsables judiciales, la Unión Europea pidió a España varias veces que instaurara la triple instancia penal en el país. En nuestro ordenamiento jurídico, las sentencias de las secciones penales de las audiencias provinciales sólo podían ser apeladas ante el Tribunal Supremo, y las de los juzgados de lo Penal ante las audiencias, con lo que sólo había dos instancias frente a las tres existentes en la mayor parte de las democracias europeas. Por ello, se reformó la Ley de Enjuiciamiento Criminal en diciembre de 2015 para que la instancia intermedia entre el Supremo y las audiencias fueran las Salas de lo Civil y Penal de los tribunales superiores de Justicia de cada comunidad, que ya revisan las sentencias del jurado. Por tanto, en el BOE ya se ha publicado la convocatoria de seis plazas de magistrado para revisar las sentencias de primera instancia en el orden penal, que se sumarían a las dos existentes ya en Granada y a la del presidente del TSJA, Lorenzo del Río.

¿Cuál es el problema? Que Granada, capital judicial de Andalucía, se niega a perder su estatus y quiere que la Sala de lo Penal se quede allí de forma íntegra. Frente a ello, hay todo un movimiento envolvente y reivindicativo en los colegios de abogados, los magistrados e incluso los políticos de Sevilla y Málaga con el fin de que dos secciones de las tres que tendrá la nueva Sala de lo Penal vayan tanto a la capital hispalense como a la malagueña. En este tema ha intervenido incluso el alcalde, Francisco de la Torre, consciente de que más allá de un problema meramente judicial es un tema de poder político y administrativo en Andalucía, se ha sumado a la reivindicación del Colegio de Abogados de Málaga. Y los jueces también dieron ayer la cara.

Según explicaron García Ortiz y Páez, la Junta de Magistrados de las Secciones Penales de la Audiencia han acordado pedir que Málaga tenga una sección desplazada de la Sala de lo Penal, algo complicado de negar cuando la ciudad ya cuenta con una Sala de lo Contencioso-Administrativo y otra de lo Social, como por cierto ocurre también en Granada y Sevilla. A estos magistrados se sumaron ayer su presidenta y el juez decano, que representa a los jueces de juzgados unipersonales. Es decir, toda la judicatura malagueña. Ambos insistieron en que no se pone en cuestión que Granada es la capital judicial andaluza, pero Páez recalcó que este tema es «vital» para la provincia.

La presidenta, por su parte, fue también clara: «Es necesario que se desplaza una Sala a Málaga, porque tiene el suficiente volumen de trabajo como para que pueda funcionar aquí». Ambos consideraron que habría de convocarse una plaza más para Granada; Páez, por su parte, hizo un llamamiento a los responsables políticos para que se impliquen en el tema, que podría requerir de una ley orgánica para que Málaga tuviera una Sala con presidente más allá de una sección desplazada; o, bien, puede optarse por este segundo camino. Los dos repitieron que la cantidad y calidad de casos complejos que hay en Málaga justifican la necesidad de radicar aquí una Sala, que vería los casos incoados a partir de diciembre de 2015, cuando se aprobó la reforma legal.

La Sala de Gobierno del TSJA ya pidió que se desplazaran las salas, pero el próximo martes volverá a debatir el asunto y luego se enviará, de aprobarse, una comunicación al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Ministerio de Justicia su petición.