El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha dado de plazo hasta finales de junio (dentro de un mes) para decidir sobre el futuro público o privado de Limasa. Lo anunció ayer en los micrófonos de la Cope. Antes, como él mismo añadió, deberá tener «un consenso amplio» dentro del PP. «Debemos de tener una decisión coincidente, eso es lo primero», dijo, haciendo referencia al rechazo que el modelo público de municipalización ha levantado en un grupo de concejales del equipo de gobierno, como Raúl Jiménez, Carlos Conde o Mario Cortés, con el respaldo de Elías Bendodo.

El debate en el interior del grupo había quedado suspendido en el mes de enero a la espera de que se encargasen diversos informes técnicos y legales que permitiesen los concejales definir su posición con argumentos.Informes

Los informes debió pedirlos el concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, que siempre ha manifestado su posición contraria a la municipalización e incluso advirtió que si se elige esta opción dejaría el área. Sin embargo, hasta la fecha, el concejal no ha solicitado esos informes. Al respecto el alcalde señaló en su entrevista que «por las razones que sean, y que no logro entender, no se han contratado». Pero acto seguido restó importancia a este hecho al señalar que lo importante a la hora de inclinarse por un modelo público «es ver cómo aplicaríamos la productividad y cómo enfocamos la compra de maquinaria y vehículos para que no salga muy gravosa y esos informes dentro de la propia casa se pueden hacer», con lo que contestaba a la falta de diligencia del concejal.

De la Torre, que volvió a defender su posición a favor de la municipalización de la empresa por la importancia de la incorporación de los criterios de productividad, reconoció que el presidente del PP, Elías Bendodo, le había comunicado que no está por la municipalización, aunque a renglón seguido añadió que, aunque es bueno contar con la opinión de Bendodo, «lo primero es tener en cuenta el interés de la ciudad».

También salvó el obstáculo que puede representar las dos disposiciones adicionales, las número 27 y 35, que plantea el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que suponen serias limitaciones a las operaciones de municipalización de servicios públicos y a la subrogación de los operarios que prestan esos servicios. De la Torre dijo que tenía noticias contradictorias sobre los efectos reales de estos artículos, pero que «mi criterio es que los obstáculos que tratan de imponer esas disposiciones se pueden salvar.»