El Ministerio de Hacienda, tras años de espera y denuncias del sector hotelero, ha comenzado a presionar a las grandes tecnológicas que comercializan viviendas turísticas, muchas de ellas no regladas. El departamento de Cristóbal Montoro ha sacado a información pública el proyecto de decreto para modificar el reglamento general de las actuaciones de gestión tributaria. Y el cambio más importante en lo que a los pisos turísticos se refiere es que, con el fin de «prevenir el fraude fiscal», habrá una obligación para las plataformas como Airbnb o Homeaway de facilitar la información sobre los propietarios de las viviendas que se alquilan, en un modelo de negocio que los hoteleros tildan de competencia desleal.
En concreto, estos gigantes tecnológicos tendrán que identificar ante la Agencia Tributaria al titular de la vivienda alquilada con fines turísticos y a la persona que, efectivamente, pone la propiedad en alquiler, con nombre y apellidos, razón social o denominación completa y número de identificación fiscal. Además, deberán aportar la referencia catastral del inmueble, el número de días de disfrute de la vivienda con fines turísticos y el importe cobrado por el servicio.
De sustanciarse este cambio legal que hasta el 21 de julio está sometido a consulta pública, el Estado da un paso que puede moderar algunos de los aspectos más criticados en la convivencia entre modelos de alojamiento. De momento, obligaría a las plataformas a situar bajo el radar tributario a toda la economía sumergida que pueda darse dentro de esta actividad. El pasado jueves, en todo caso, una de las mayores plataformas, Homeaway, ya advirtió de que duda de que Hacienda tenga competencias para reclamar esta información, en virtud de la normativa europea de protección de datos. Se prevé resistencia.
Esta noticia ha caído muy bien entre el sector hotelero de la Costa del Sol, dado que los numerosos establecimientos de esta naturaleza existentes en el litoral malagueño defienden que pagan sus impuestos y generan riqueza y empleo y, por tanto, si los dueños de pisos vacacionales ofrecen un servicio similar sin hacer frente a sus cargas fiscales y a las exigencias cualitativas y en materia de seguridad e higiene al final lo que se produce es lo que denominan como «competencia desleal».
Así lo ve, por ejemplo, Antonio Aranda, gerente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), quien explica que «el sector está totalmente de acuerdo» con el borrador de Hacienda. «Nosotros decimos: todo lo que sea negocio turístico debe tener el mismo tipo de regulación. En Málaga, por ejemplo, hace unos días el alcalde, Francisco de la Torre, habló de la opción de subir el IBI a estos pisos vacacionales. Es un negocio igual que los hoteleros. Yo, por ejemplo, vivo en la capital y pago por mi vivienda un 0,47% sobre el IBI; los hoteles abonan el 0,60%, yo la basura la pago con el recibo del IBI, el hotel lo hace en una factura aparte; en Málaga, los ciudadanos pagan el agua por tramos por cada metro cúbico, mientras que el establecimiento hotelero abona dos euros por metro cuadrado. Si nosotros somos beneficiarios del tema turístico, las viviendas turísticas también lo son y ellos y nosotros hemos de tener las mismas obligaciones», reflexiona Aranda.
Este además incide en el aspecto cualitativo de estas viviendas, habitualmente reconvertidas en turísticas por sus propietarios para ganar algo de dinero durante la temporada alta. Eso, a su vez, está teniendo un efecto distorsionador del mercado inmobiliario, porque el hecho de que haya menos casas ofertadas en régimen de arrendamiento propicia que se disparen los precios, sobre todo en zonas como el Centro Histórico, Pedregalejo o Huelin. «No se sabe ni las estancias que tienen, no tienen obligación de entregar las estadísticas de ocupación como nosotros, que estamos regulados y pagamos el 100% de lo que nos corresponde», indica.
Se han dado caso, inclusos, de viviendas turísticas inscritas en el registro de la Junta de Andalucía que, al ver las obligaciones impuestas, vuelven a pasar al mercado negro, sin estar sujetas a ninguna regulación. Por eso, con el decreto que prepara Hacienda van a estar mucho más controlados. «Nosotros generamos empleo de calidad, ha subido un 7% en los últimos meses, pero ahí no existe control del empleo, quien limpia la casa es amigo o familiar del dueño y este le paga equis dinero. Estamos de acuerdo con que haya viviendas turísticas legales, porque la competencia siempre es buena, pero debe ser leal. Todos tenemos que jugar con las mismas cartas de la baraja», aclara.
En Málaga hay 1.600 pisos vacacionales que ofertan 8.400 plazas, aunque estos son los inscritos en el registro autonómico. Más de 12.000 dueños de pisos en la Costa del Sol han pedido inscribir sus propiedades en este listado. Asimismo, hay 50.000 casas alquiladas no declaradas en la provincia, según el Sindicato de Técnicos de Hacienda. Evidentemente, algunas de ellas van a reconvertirse en viviendas turísticas. En otras comunidades también se están moviendo en la misma dirección.
