La licitación de obra pública en Málaga, pese a mostrar este año un nuevo repunte sobre las pobres cifras registradas en los ejercicios más duros de la crisis económica, sigue instalada, en opinión de los empresarios, en unos niveles «insuficientes» que torpedean la mejora que el sector constructor sí viene recibiendo cada vez de forma más clara de su otro segmento de actividad, el residencial, que refleja un sostenido incremento tanto en ventas de viviendas como en el visado de proyectos de futuras nuevas promociones.
La provincia ha recibido este año hasta agosto 222 millones de euros de inversión en obra pública, con un incremento del 36% respecto al mismo periodo del año anterior, según la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan). Con estos datos, se estima que el conjunto del año se moverá en torno a los 300 millones, un volumen que en todo caso se sigue considerando «escaso» para una provincia con la población y el tejido productivo de Málaga. La Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP) recuerda que en 2006, antes de la crisis, Málaga alcanzó un récord inversor de casi 1.500 millones en todo el ejercicio mientras que en 2008 y 2009, ya con la crisis declarada, se invirtieron en torno a 1.000 millones cada año. La cifra se fue progresivamente desplomando hasta mínimos de en torno a los 140 millones en 2012, 2013 y 2015 para situarse en unos 190 millones este pasado 2016. Lógicamente, la actual situación sigue sin ser boyante, pero el sector sí cree que un horizonte factible actualmente sería el de 600 millones anuales, comenta el presidente de la ACP, Emilio López Caparrós.
Para los constructores, las actuales partidas de inversión a cargo de las administraciones mantienen a gran parte de las empresas de obra civil abocadas a un estado de «supervivencia» e impiden que el sector en general (sumando tanto obra pública como edificación), pueda recuperar el empleo perdido en los años de recesión «al ritmo deseado».
Málaga cuenta actualmente con unos 42.300 trabajadores ocupados en la construcción, una cifra que llegó a caer al entorno de los 30.000 en lo más duro de la crisis (2012 y 2013) y que, pese a haber subido en los cuatro últimos años, sigue alejadísima de los más de 100.000 que llegó a acoger el sector en la época del boom económico. Los constructores creen que con los 600 millones al año antes citados la cifra podría acercarse a los 60.000 ocupados.
«Se da la circunstancia de que en el segmento de vivienda hay algunos puestos de especialistas o encofradores donde ahora mismo escasea el personal. Pero si la obra pública remontara daría entrada a muchos trabajadores que ahora estén en el paro», dice.
Otro efecto de esta carestía de proyectos de obra pública, según la patronal, es que las constructoras se ven obligadas a presentar ofertas cada vez más a la baja para poder competir por los escasos proyectos y actuaciones que las administraciones sacan a concurso. Las rebajas medias sobre el presupuesto inicial alcanzaron en 2016 el 32% en Málaga y este año van por el 26%. «La inversión es insuficiente y eso provoca una competencia feroz entre empresas provocando un derrumbe de precios, algo insostenible en el tiempo», apunta.
Por su parte, el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Málaga, Juan Cobalea, coincide en que las cifras de inversión pública sigue siendo «muy bajas» para una provincia como Málaga. «Siempre hemos dicho que la licitación anual debe moverse entre, al menos, 500 o 600 millones al año. Parece que ya estamos mejorando algo pero necesitamos un mayor esfuerzo público. Con eso, Málaga debería colocarse con unos 60.000 trabajadores en el sector constructor. Sería ya una cifra muy buena», comenta.
Obras pendientes
La demanda de una mayor inversión en obras pública es una constante de todo el sector. Seopan ha publicado este año un informe a nivel nacional en el que se repasa las grandes obras de infraestructuras planificadas pero todavía sin ejecutar en España y que identifica, en el caso de la provincia, de Málaga más de una decena de actuaciones prioritarias pendientes.
El estudio Análisis de la inversión en infraestructuras prioritarias en España, enumera 814 proyectos en fase de planificación de infraestructuras por todo el país con 103.780 millones de euros de inversión centrados en cuatro áreas prioritarias (agua, medio ambiente, transporte y urbanismo) que generarían 994.120 empleos, casi 79.000 millones de actividad económica inducida y 50.851 millones de retorno fiscal. Seopan afirma que al tratarse de inversiones que se encuentran, o lo han estado en el pasado, en fase de planificación, su ejecución podría ser abordada en el periodo 2017/2021.
En lo que respecta a la provincia de Málaga, el informe destaca obras como el tren litoral de la Costa del Sol, un proyecto competencia del Estado y que parte del aprovechamiento y mejora de la línea férrea existente entre Málaga y Fuengirola (terminada en sus dos terceras partes) y en la prolongación en dos fases del corredor hasta Algeciras (Fuengirola-Marbella-Estepona y Estepona-Algeciras).
Otra obra propuesta en el segmento ferroviario es la ampliación de la Línea 2 del metro de Málaga hacia el Hospital Civil (competencia de la Junta), que inicialmente sería en superficie en parte de su trayecto y que, según explica Seopan, uniría el centro de la ciudad con los barrios más al norte de la capital. Los constructores también mencionan, entre otras, la mejora de la línea ferroviaria Bobadilla-Algeciras, actuación que depende del Gobierno central.
