El Parlamento Europeo ha apoyado nuevas leyes para impulsar el papel de los bosques en la absorción de CO2 con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes y combatir el calentamiento global.
Estas normas tienen que garantizar, según fuentes del Parlamento Europeo, que los estados miembros mantengan el equilibrio entre las emisiones de CO2 y la absorción mediante los bosques, las zonas de pasto y de cultivo. A medio plazo -es decir, en 2030-, los países deben reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 40% respecto a los niveles de 1990. El objetivo a largo plazo (en 2050) es disminuirlos entre el 80% y 95%. Para lograrlo, los países tendrían que alcanzar un ratio de absorción de CO2 superior al de emisiones, respetando los compromisos adquiridos por la UE en el marco del acuerdo de París sobre clima.
Los bosques de la UE absorben cada año el equivalente a casi el 10% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de la UE.
Éstos ocupan el 43% de la superficie de la Unión Europea y en el caso de España el 55%.
A pesar de las recomendaciones y normas de la UE dirigidas a la absorción del CO2, lo cierto es que la deforestación también emite gases de efecto invernadero. Por este motivo los diputados europeos proponen que «sea obligatorio para los estados miembros compensar los cambios que hagan en el uso del suelo». Es decir, si se talan bosques para dedicar más terreno a la agricultura, lo cual supone un aumento en las emisiones de efecto invernadero, los países estarían obligados a compensarlas generando nuevos bosques o evitando la deforestación en los ya existentes.
El nuevo reglamento se aplicará a partir de 2021 y está alineado con los objetivos climáticos pactados en el Acuerdo de París.
Propuestas legislativas
En la actualidad hay tres propuestas legislativas en discusión para cumplir con los compromisos que la Unión adquirió en el Acuerdo de París.
La primera consiste en reducir mediante acuerdos comerciales las emisiones producidas por la industria.
La segunda, en disminuir las emisiones efecto invernadero que provienen del sector del transporte, de la construcción, de la gestión de residuos o de la agricultura. En el caso de España, en 2030 deberá recortar el 26 por ciento en las emisiones procedentes de estos sectores.
Por último, existe una propuesta que señala directamente al reglamento sobre el uso de la tierra, el cambio en el mismo y las superficies forestales (LULUCF, en sus siglas en inglés).
Para promocionar estas medidas la UE propone varias opciones a los estados miembros para que cumplan con su compromiso «sin débito y respetando el medio ambiente», como afirman las mismas fuentes. Por ejemplo si mantienen niveles de absorción de CO2 superiores a los niveles de emisiones resultantes del uso de la tierra durante el primer período de cumplimiento, dichos estados pueden recibir bonificaciones en el siguiente período de cumplimiento. De lo que se trata, según fuentes del Parlamento, es de ofrecer «flexibilidad a los países para hacer frente a las fluctuaciones causadas por los ciclos de crecimiento u otras condiciones variables».
Por otro lado, cuando un estado miembro genere absorciones netas más allá de su compromiso mediante el aumento de la superficie forestal gracias a la reforestación o las buenas prácticas en agricultura -pastizales controlados y tierras de cultivo gestionadas-, varios de estos créditos pueden utilizarse para cumplir los objetivos nacionales del Reglamento de Intercambio de Esfuerzo, aunque esta cantidad está estrictamente limitada para garantizar que estos objetivos sean eficaces desde el punto ambiental.
Se da también el ejemplo de los productos madereros aprovechados, como el material de construcción y el mobiliario, que también contribuyen a reducir el CO2, dado que almacenan el carbono absorbido por los árboles durante su crecimiento. Promocionar este tipo de productos ayudaría a los países a desarrollar el uso de la madera aprovechada para fines distintos al energético.
Periodos de cumplimiento
La propuesta establece dos períodos de cumplimiento, el primero comprendido entre 2021-2025 y el segundo entre 2026 y 2030, ya que la UE considera apropiado un ciclo de cinco años para el uso del suelo, pues las absorciones y emisiones en el sector pueden variar significativamente de un año a otro. Esto es debido al clima y a otros fenómenos naturales, lo que también le permite «alinearse a la propuesta de revisión quinquenal establecida por el Acuerdo de París y la voluntad de la Comisión de Legislar mejor», según fuentes del Parlamento.
El mismo espera que los estados miembros informen anualmente sobre sus emisiones y absorciones y cumplan con las normas y con las políticas y medidas emprendidas en el sector cada dos años.
Si un país no cumple los objetivos el déficit se deduciría de su asignación en el Reglamento de Reparto de Esfuerzo.
