La Dirección General de Tráfico ha llegado «al límite» para buscar una solución consensuada a la huelga que los examinadores mantienen desde hace cinco meses por su «nula» intención de negociar, por lo que, de seguir los paros en diciembre, decretará el 50% de los servicios mínimos.

Es la principal medida que el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, anunció ayer después de que el colectivo de examinadores mantenga en noviembre -la huelga se inició en junio y es ya la de más duración de la DGT- paros de lunes a miércoles en todas las jefaturas de tráfico, lo que ha provocado la suspensión de 193.000 pruebas.

«Nadie podrá decir que esta DGT no ha hecho esfuerzos sobrehumanos para ofrecer mejoras retributivas a los examinadores, pero es imposible negociar con quien no mueve ni un milímetro. Hasta aquí hemos llegado», reprochó Serrano, antes de avanzar que, de continuar los paros en diciembre, se decretarán la mitad de los servicios mínimos, al tiempo que se acelerará la incorporación de nuevos funcionarios.

Aunque Serrano «no da por rota ninguna negociación», lo cierto es que Tráfico recrimina duramente la actitud del colectivo de examinadores por su nula intención de llegar a un acuerdo y de acercar posturas respecto a un conflicto que viene de 2015.

Porque, según relató el director de la DGT, fue antes del verano de ese año cuando, en el marco de unas negociaciones que afectaban a nueve colectivos de funcionarios de este organismo, se remitió a Hacienda la petición de una subida de 215,9 euros mensuales, una cantidad que estaba por debajo de la actual reivindicación -250 euros- de la que los examinadores «no se han movido».

«De negociación ha habido muy poca y de no mover un ápice todo», dijo Serrano, que criticó que la reivindicación de los examinadores se haya ceñido reiterada y exclusivamente a solicitar como contraoferta a la administración ese aumento, al que Tráfico no puede dar respuesta.

Pese a ello, el director expuso las ofertas que la DGT sí podía asumir, entre ellas la subida mensual de entre un 36 y un 40% del complemento de productividad, que es efectivo desde marzo de 2016, por lo que han pasado de cobrar 125 euros a unos 180.

Como segunda medida, Serrano explicó que en julio se creó la especialidad de tráfico y se ofertó la convocatoria de 435 plazas de promoción interna, que afecta al 60% de la plantilla de examinadores que, de superar esa prueba, verían incrementada su nómina en una media de 128 euros mensuales, en tanto que también les subirían el concepto de trienios y un aumento de la pensión.