Se recrudece el enfrentamiento que mantiene la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga en torno al proyecto para construir la prolongación de la línea 2 del metro hasta el hospital Civil acordada y firmada en noviembre de 2013. La junta de gobierno local aprobó ayer proponer a la Junta de Andalucía la anulación del tramo al Civil, tras la resolución de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía -19 de junio de 2017-y el posterior acuerdo de ejecución adoptado por el Consejo de Gobierno -5 de diciembre de 2017.
En este consejo, el gobierno andaluz aprobó el último trámite para desbloquear la licitación del proyecto de construcción del tramo del metro de Málaga hasta el Civil, que consistía en exigir al Ayuntamiento de Málaga la adecuación urbanística del PGOU para que dé cabida a este proyecto, declarado de interés metropolitano. La Junta le daba un plazo de un año al Ayuntamiento para hacer la modificación urbanística pertinente, que no es un cambio complejo en tanto que el trazado ya es considerado como una vía de transporte.
Este tramo declarado de interés metropolitano, que tiene ya el proyecto redactado con presupuesto de obras de 41 millones de euros, completará la red conforme a la solución consensuada entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga en 2013.
La contestación del Ayuntamiento rechazando el proyecto la explicó ayer el portavoz del equipo de gobierno, Carlos Conde; junto con los ediles de Ordenación del Territorio y Movilidad, Francisco Pomares y Elvira Maeso, respectivamente, quienes explicaron que los acuerdos adoptados por la junta de gobierno local se trasladarán a la Consejería de Fomento y Vivienda. Tanto Carlos Conde como Francisco Pomares fueron muy críticos con el proyecto de la Junta «Tiene graves errores y deficiencias y por ello roza la ilegalidad ya que incumple la Ley de Contratos de la Administración Pública que exige que los proyectos sean completos y cerrados».
Una de los «errores» más graves «es dejar cinco calles con fondo de saco con lo que se impediría el acceso de los servicios de emergencia o de seguridad en caso necesario». «Serían unos 18.000 los vecinos afectados por el cierre de esas cinco calles, a los que se les condenaría a la falta de accesos».
La propuesta de anulación, apoyándose en la normativa urbanística y de accesibilidad, se basa en informes técnicos municipales en los que se señalan, entre otros, en relación con la Gerencia Municipal de Urbanismo, que el tramo Guadalmedina-Hospital Civil «no es un proyecto completo» en el sentido de lo expresado en el artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
En concreto, según el artículo «los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto, y comprenderán todos y cada uno de los elementos para la utilización de la obra».
Han recordado que el proyecto de prolongación de la línea 2 prevé una plataforma tranviaria en superficie en el eje Santa Elena-Eugenio Gross-Blas de Lezo que, al carecer de sección transversal suficiente, obliga a eliminar tramos del carril de circulación rodada.
Problemas de accesibilidad
Así, como consecuencia de ello, detallaron, «se deja en fondo de saco», es decir, únicamente conectadas al tráfico rodado por uno de sus extremos, cinco calles, como son calle Prensa, calle Escritor Enrique Llovet, calle O'Donnell, pasaje Igueldo y pasaje Archanda.
A juicio del Ayuntamiento, el entorno de las calles citadas no reúne las condiciones en las que sí pudiera resultar viable implantar una calle en fondo de saco, y en algunos casos, habría que salir marcha atrás y no podrían cruzarse dos vehículos entrando y saliendo.
Por otro lado, en relación con la normativa de accesibilidad, el Ayuntamiento entiende que el proyecto «la incumple»al no contemplar un anexo justificativo que dé cumplimiento a lo dispuesto a nivel autonómico. Además, el proyecto prevé secciones transversales para aceras y calzadas en un único nivel en las calles por donde discurre la plataforma tranviaria, lo cual incumple reiteradamente la normativa vigente en lo referente a las dimensiones de los itinerarios peatonales accesibles, ya que asimila erróneamente los conceptos de «anchos de acera totales» con «anchura mínima libre de obstáculos».
Han detallado que no se contempla una solución para el acceso al edificio situado en Santa Elena, 20, cuya rampa quedaría eliminada por el proyecto de acuerdo con las secciones de acera previstas.Respecto a los planos del proyecto que indican las señalizaciones horizontales y verticales, «no se justifica».
Asimismo, en la instalación de semáforos «no está descrita» . Tampoco se justifica ni describe en el proyecto la adaptación de las paradas al artículo 36 de la normativa de accesibilidad donde se indica que deberán estar próximas al itinerario peatonal accesible, conectadas a éste de forma accesible sin invadirlo, cumpliendo las características establecidas en la norma.
