La oposición censura al equipo de gobierno por "la opacidad" sobre falsos autónomos

Se han aprobado por unanimidad los siguientes puntos: instar al equipo de gobierno a dar cumplimiento a las mociones aprobadas para que se facilite a todos los grupos políticos una relación de todos los grupos políticos una relación de todos los asuntos de Asesoría Jurídica, sentencias o litigios en los juzgados de lo Social y actas de inspección de Trabajo en áreas, organismos y empresas y dar cumplimiento de los acuerdos adoptados por el pleno, en marzo de 2016, relativos a la realización de un informe sobre la contratación de falsos autónomos en el Consistorio, organismos autónomos y las empresas municipales, por parte de la Secretaría General, así como en lo relativo a que se inicien los trámites para eliminar estos contratos y su regularización. Se ha rechazado, por cierto, pedir un informe al interventor general sobre este tipo de contratos de falsos autónomos y contratos externos con trabajadores en fraude de ley.

El portavoz de IU-MpG, Eduardo Zorrilla, ha recordado que su grupo denunció, hace más de dos años, la existencia de más de 300 casos de falsos autónomos o contratos en fraude de ley en el Ayuntamiento y sus organismos autónomos y empresas, “nos parecía un asunto gravísimo, un fraude de ley”, de forma que el Consistorio contrataba empleados de forma externa que hacían tareas municipales, pero “con la mitad del salario y muchos menos derechos, lo que fomenta el enchufismo y el clientelismo”.

Además, ha dicho, si prosperan las demandas, el Ayuntamiento podría ser sancionado con 3.000 euros por caso, además de pagar indemnizaciones, salarios de tramitación, etcétera… “Ustedes nos acusaron de mentir, de crear alarma, y ahora, una a una, están llegando las actas de la Inspección de Trabajo, las resoluciones de la Seguridad Social y las sentencias de los juzgados de lo Social”, ha dicho.

Este fraude habría supuesto ya al Ayuntamiento 300.000 euros en cuotas sociales y 70.000 euros en indemnizaciones, y destacó que los casos son habituales en el Observatorio del Medio Ambiente Urbano (OMAU), el Museo del Patrimonio Municipal, la Radio Televisión Municipal, mercados y ahora las bibliotecas. “Con esta práctica, el PP ha convertido al Ayuntamiento en un promotor de la precarización laboral a costa del bolsillo de los malagueños”.

Ysabel Torralbo, portavoz de Málaga Ahora, considera que no son casos aislados, sino “algo demasiado general y planificado”, además de quejarse de la falta de transparencia. La edil socialista Lorena Doña ha señalado que no sabe cuántos casos hay y ha destacado que ya se les dijo que “no se podían cuantificar las denuncias”, mientras que el viceportavoz de Cs, Alejandro Carballo, también ha afeado esta práctica.

El edil de Economía, Hacienda y Personal y portavoz del PP, Carlos Conde, se ha mostrado indignado con esta acusación y ha defendido que existe transparencia y que cualquiera de los ediles puede tener acceso a los expedientes de la Asesoría Jurídica, “no existen listados de falsos autónomos”, ha dicho, sino “contratos de servicios” y un responsable municipal que vela por que todo se haga conforme a Derecho. Ha destacado el chequeo exhaustivo que hacen el interventor y la Asesoría Jurídica de los pliegos de condiciones y el cumplimiento escrupuloso de las sentencias. “No hay aquí intención ni connivencia para hacer aquí a nadie fijo”, ha dicho, para insistir en que nadie va a acceder al empleo público sin los requisitos de “igualdad, mérito y capacidad”,

Conde ha insistido en que haya un listado de 300 falsos autónomos, algo que ya ratificó el secretario, y ha asegurado que se trata de una situación generalizada en muchos ayuntamientos.