La provincia de Málaga, una de las más montañosas de España y con una mayor masa forestal, alrededor de 400.000 hectáreas según los datos oficiales de la Junta, puede presumir de estar a la vanguardia del país en planes locales de emergencia en la lucha contra los incendios. Actualmente apenas restan tres ayuntamientos por disponer de dichas herramientas. La Junta remarca que se tratan de localidades de pequeño tamaño y que, ante la falta de técnicos, todavía no han podido culminar sus documentos. No obstante, un informe de Greenpeace ya destaca a Andalucía como una de las comunidades mejor situadas en el listado nacional contra los fuegos.

Por regiones, sólo las Islas Canarias superan al territorio andaluz. Y es que la comunidad autónoma todavía tiene un 25% de municipios con alto riesgo de incendios sin planes locales. Ese porcentaje se limita al 4% si sólo tenemos en cuenta los 75 ayuntamientos malagueños que presentan ese alto riesgo. El análisis resulta más significativo si tenemos en cuenta que España es el tercer país de Europa con mayor superficie forestal, con un total de 18,2 millones de hectáreas. Sólo están por delante Suecia y Finlandia.

Pero no menos importante es saber que desde 1990 España ha aumentado su superficie arbolada a un ritmo anual (2,19%) muy superior a la media europea.

En el informe aludido de Greenpeace se alude a que en nuestro país, entre 2009 y 2015, según datos oficiales del Ministerio, se han incorporado al suelo forestal un total de 144.730 hectáreas. Se ha pasado de 27.664 a más de 27.800. Ese aumento tiene aspectos positivos, la mayoría, en términos ecológicos y de desarrollo económico, pero no hay que olvidar que también genera «un cierre del paisaje o una reducción de la flora del sotobosque, que supone pérdida de fragmentación del paisaje y por tanto eleva el riesgo de grandes incendios forestales». Ahí es donde las administraciones tienen un papel fundamental, para evitar catástrofes como las vividas hace años en determinadas zonas de los términos municipales de Mijas y Marbella.

Andalucía dispone de una herramienta clave, según Greenpeace, la regulación de la planificación de la prevención de incendios mediante una normativa específica: la Ley 5/1999 de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, donde se desarrolla ampliamente la gestión preventiva de los terrenos forestales frente a los incendios.

Así extraña mucho menos que la comunidad y más concretamente Málaga hayan avanzado tanto en los últimos tres años, en redacción de estos planes locales de emergencia. Pero asimismo es un referente en España el Plan Infoca. El comité asesor del mismo ponía en marcha, el pasado mes de junio, el periodo de «alto riesgo de incendios forestales con un dispositivo de 581 efectivos».

La Junta recuerda que el presupuesto destinado al mismo se eleva a 20,3 millones de euros, que suponen 1,2 millones de euros más que en 2017. En concreto está previsto que para este año se destinen 10,4 a extinción y 9,9 a prevención. El delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Adolfo Moreno, expresa que el Plan Infoca cuenta con un Centro Operativo Provincial (COP); Centros de Defensa Forestal (Cedefo) en Colmenar y Ronda; una Base Brica (Cártama); 19 puestos de vigilancia fija; 29 puntos de encuentro para helicóptero; 34 balsas para toma de helicópteros; una pista habilitada para aterrizaje de aviones de carga en tierra y seis repetidores fijos de radio.

En relación con los medios terrestres, el dispositivo dispone actualmente de una Unidad móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT); diez vehículos pesados (con capacidad para 3000 litros); y dos vehículos autobomba pesados-nodriza (dotados con un total de 11.000 litros). Moreno agrega que además se añaden a todo este contingente humano y material los siguientes medios aéreos: tres helicópteros con capacidad para 1.000 litros (uno ligero) y 1.200 litros (dos semipesados); y dos aviones anfibios con capacidad para 5.500 litros cada uno.

Subraya la Administración autonómica que todo esfuerzo es poco si se trata de preservar «un bien tan preciado como es el patrimonio medioambiental de una comunidad autónoma con tanta superficie protegida».