Personas nigerianas a las que les han tirado piedras y llamado 'monas', turistas asiáticos atacados y perseguidos, gays que no pueden ir cogidos de la mano y una mujer embarazada agredida y humillada por llevar hiyab. Todos estos casos se han producido en Málaga y, en total, el pasado año suman 30.

Estos hechos se dan a pesar de que, como dice el presidente de Movimiento contra la Intolerancia en Málaga, Valentín González, "la provincia es tolerante, abierta y diversa", pero "aún se sufren estos problemas". Y solo son la punta del iceberg, ya que los datos, recogidos por el Ministerio del Interior, solo corresponden a las denuncias, y las víctimas solo denuncian en el tres por ciento de los casos.

Los más afectados durante 2017 fueron el colectivo LGTBI y los inmigrantes, mientras que el año anterior destacaron las agresiones a discapacitados, algo que "se enlaza directamente con el proyecto supremacista de eliminar, apartar o discriminar a todo tipo de vida que estas personas consideran inservible", ha explicado el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo.

Por su parte, Andalucía se alzó el pasado año como la tercera comunidad autónoma donde mayor número de incidentes relacionados con estas situaciones se producen, y en 2016 fue la primera. En este sentido, en España hubo un total de 600 delitos manifestados en forma de acoso, descrédito, difusión de estereotipos negativos, estigmaticación y amenazas en 2017. Pero, según ha incidido Ruiz Espejo, estos datos podrían multiplicarse ya que, la Unión Europea, de quien proceden estos datos, solo puede recoger en torno a un diez por ciento del total de las agresiones que se producen.

Los datos han sido presentados este martes por Ruiz Espejo y González con motivo de la conmemoración, el pasado domingo, del Día Europeo de las Víctimas de los Delitos de Odio, que se celebra desde que en 2011 77 personas fuesen asesinadas en nombre de la intolerancia. Así, dos militantes de las juventudes del partido laborista en Oslo y 69 en la isla de Utoya perdieron la vida a manos de Ander Breivik, quien sabía que con su crimen acababa con una generación de activistas de la tolerancia y el progreso.

Ruiz Espejo ha querido hacer hincapié en que "cualquier persona puede ser objeto de un delito de odio" por razones de "raza, color, ascendencia, origen nacional o ético, edad, discapacidad, lengua, religión o creencia, sexo, género, identidad de género, orientación sexual u otras características o condiciones personales".

Por este motivo, ha instado a "prestar atención" a todas estas manifestaciones, que "no solo se producen en el ámbito personal y físico, sino también en las redes sociales, donde los jóvenes y niños pueden ser mucho más vulnerables". Es por ello, que el delegado de la Junta ha considerado "necesario" un cambio de conducta, reivindicando la "educación en valores como la tolerancia y el respeto".