El Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) de Málaga ha denunciado ante la Inspección de Trabajo la situación límite a la que el Ayuntamiento ha llevado a la plantilla del cuerpo, cuyos trabajadores mantienen una huelga indefinida que dura ya más de año y medio. En un extenso informe, el sindicato mayoritario de los bomberos en la capital desarrolla hasta 27 puntos para alertar a la autoridad laboral de los riesgos psicosociales a los que se enfrentan los trabajadores «por el mero hecho de denunciar el desmantelamiento que el cuerpo está sufriendo en los últimos años», resume un portavoz del SAB antes de recordar que la presión ya ha provocado numerosas bajas laborales. En su relato de los hechos, la denuncia, que señala como responsables al alcalde, Francisco de la Torre; al concejal de Seguridad, Mario Cortés; al jefe de servicio; José Cruz, y al director de Recursos Humanos, Carlos Gómez-Cambronero, recuerda que la movilización de la plantilla responde a tres peticiones: Un nuevo Reglamento que sea consensuado con los trabajadores (el vigente es de 1959); la Regularización de la jornada laboral por ser la más elevada del país; y la elaboración de un calendario de Reclasificación que les equipare al resto de cuerpos de bomberos de la región. Sin embargo, la lucha por las famosas tres R le está saliendo cara al colectivo, «que además de recursos técnicos y humanos está perdiendo la salud mental», añade uno de los responsables sindicales. La denuncia del SAB comienza por enumerar los más de 60 expedientes disciplinarios injustificados que la Jefatura ha abierto durante el conflicto, cuando en más de cien años de historia del cuerpo los expedientes se podían contar con los dedos de una mano. Otro hecho destacado es la denuncia interpuesta por el Ayuntamiento a 61 agentes por abandono de servicio y denegación de auxilio finalmente desestimada por la autoridad judicial, que incluso subrayó la improvisación de la Jefatura a la hora de organizar el trabajo.
La plantilla también sufre «cambios injustificados de turno, grupo y centro de trabajo» desde 2016; el «incumplimiento sistemático» de los mínimos operativos descritos en los protocolos de intervención; presión sobre los funcionarios de las últimas promociones para que abandonen la huelga bajo amenaza de repetir procesos de selección; cambios diarios de personal en los centros de trabajo; habilitaciones forzosas por la que se da más responsabilidad a un funcionario ante la falta de mandos; nombramientos forzosos de horas extraordinarias en días de descanso; la disminución y envejecimiento de la plantilla pese al aumento de la población y el turismo; deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales denunciadas ante la Inspección; falta de mantenimiento en los parques; cambios de retribución desde el inicio del conflicto; el desmantelamiento de la sede social El Escalín, punto de encuentro de los agentes; o la prohibición a participar en el desfile procesional de La Misericordia, según el escrito que se registró en la Inspección de Trabajo el pasado 16 de agosto.
