La concejala del distrito de la Cruz de Humilladero, Teresa Porras, habría supervisado de manera previa, a pesar de o tener su concejalía competencia alguna en la materia, la gran mayoría de los expedientes de infracción abiertos por la Gerencia de Urbanismo. Expedientes a más de un centenar de propietarios de viviendas de la urbanización Villas del Arenal que habían ampliado sus porches, construido piscinas o cerrado pérgolas sin tener licencia para ello.
Esta actividad se realizó desde pocos meses después de abrirse los expedientes, en julio de 2013, como atestiguan las decenas de correos electrónicos que figuran como remitidos a la concejala Porras y que forman parte de la documentación de estos expedientes.
En la documentación de la mayoría de los expedientes figuran las copias de los correos electrónicos enviados a Teresa Porras y al que era entonces el director del distrito, Alberto Díaz, por alguno de los técnicos del departamento de Disciplina Urbanística de la Gerencia de Urbanismo, que lo hacían siguiendo instrucciones de sus jefes.
Los correos servían para dar a conocer a Teresa Porras cualquier diligencia, por pequeña que fuese, realizada a algún expediente, ya fuesen las alegaciones presentadas por uno de los infractores, o una orden de demolición o el archivo de un expediente.
Dichos correos eran recibidos por la concejala o por su director de distrito antes de continuar su diligencia. En la documentación de los expedientes aparecen las copias de los correos remitidos y otras con la hora o el día en que fueron leídos por Porras.
En su comparecencia en la comisión de investigación por las infracciones urbanísticas, los ex jefes Alberto Íñiguez y Teresa Domingo relataron que Porras se valía de este requisito de tener que leer el correo para retrasar su lectura y con ello la tramitación del expediente que podía así caducar.
De esta manera, la concejala de Cruz de Humilladero habría llevado la supervisión de los expedientes de Villas del Arenal, sin tener atribuciones para ello, pero contando con el beneplácito del concejal de Urbanismo Francisco Pomares, según el relato de Alberto Íñiguez y Teresa Domingo.
Ambos describieron otras actuaciones que, a su juicio, demostraban el control que Porras ejercía sobre la tramitación de los expedientes de infracción de Villas del Arenal. Así, Alberto Íñiguez explicó que ningún inspector de infracciones podía visitar Villas del Arenal si no era con la presencia del director del distrito de Cruz de Humilladero, Alberto Díaz. Íñiguez se vio obligado a tener encuentros constantes con Díaz: «Llegué a tener hasta cinco reuniones al día con el director, que cada vez venía con varios expedientes, hasta que tuve que limitarle el acceso». Además cualquier reunión que mantuviesen con alguno de los infractores tenía que ser en presencia de Alberto Díaz, «que era el que concertaba las citas».
La instructora Carmina Vargas
Además, cuando los expedientes pasaron a ser tramitados por un equipo especial nombrado por el gerente de Urbanismo, estos expedientes fueron instruidos por la funcionaria Carmina Vargas, que hasta entonces trabajaba en el Ayuntamiento. Vargas fue la instructora de la mayoría de los expedientes hasta que optó a presentarse al concurso abierto para el nombramiento de los directores de distritos, siendo una de las elegidas por lo que el alcalde De la Torre, que la nombró directora del distrito de la Cruz de Humilladero, el mismo que dirige Teresa Porras, el 28 de enero de 2016, puesto que actualmente ocupa.
Respuesta del equipo de gobierno
El equipo de gobierno ha querido dar su visión sobre estos hecho, puntualizando que "no es cierto que la concejala de Cruz de Humilladero, Teresa Porras, supervisara ningún expediente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU)", remitiéndose a lo explicado en anteriores ocasiones.
Así, fuentes municipales insiste en que el 13 de agosto de 2013, el concejal de Urbanismo estableció unas "instrucciones para el procedimiento de firma" para potenciar la comunicación de las actuaciones de los departamentos en relación con los distritos, "para que tanto el concejal como el director del correspondiente distrito estuviesen informados vía e-mail de los actos o resoluciones que se dictasen en distintas materias, tales como infracciones, conservación de edificaciones, planeamiento u obras", algo que ya se demostró judicialmente en los procesos realizados por estas denuncias.
