La provincia de Málaga sigue demostrando su pujanza económica y ha conseguido situar ya su censo de firmas al mismo nivel que había antes de la crisis. El gran problema es que el paro sigue disparado en relación al año 2007, debido a que los nuevos negocios no compensan todo el empleo que se perdió entonces. El presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y de la de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, reconoce que la falta de dimensión de es un reto a resolver y comenta otras cuestiones de actualidad como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) incluida por el Ejecutivo en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

Se crean muchas empresas, pero el paro continúa muy alto, ¿cuál su diagnóstico de la situación?

Por un lado, es de destacar que Málaga vuelva a demostrar su músculo empresarial, siendo también este año la tercera provincia que más sociedades mercantiles está creando tras Madrid y Barcelona. Pero es cierto que tenemos un doble reto que asumir: recuperar por un lado todas las empresas perdidas durante la crisis en Málaga (fueron unas 18.000) y, por otro, que los nuevos negocios se consoliden. Cuando desaparecen tantas compañías en una crisis tan tremenda, ocurre que también las nuevas no tienen la garantía y la capacidad de creación de empleo que todos desearíamos. Sucede lo mismo en Andalucía, donde se perdieron más de 50.000 empresas y ahora se está recuperando el ritmo de creación de negocios.

El predominio de las pequeñas empresas en el tejido económico malagueño y andaluz es una constante.

Hay muchas preguntas que hacerse. En Andalucía y en Málaga seguimos con una tasa de desempleo diez puntos por encima de la media nacional. Yo siempre hablo del reto de las tres D: dimensión, densidad y diversificación. La dimensión es clave. Tenemos muchas pymes, nueve de cada diez empresas son de pequeño tamaño. Eso es positivo porque genera una red de estabilidad y ausencia de riesgo de deslocalización pero también las hace más frágiles y con menor capacidad de crear empleo. En densidad empresarial Andalucía también está por debajo de la medida nacional, que es de unas 70 empresas por cada 1.000 habitantes. Tan sólo Málaga se sitúa por encima de esa cifra, con 72. Y en lo relativo a la diversificación, sabemos que mientras mayor número de sectores fuertes tengamos, mejor nos irá.

Está costando mucho reducir el paro, pese a estos últimos años de reactivación económica.

El alto paro se explica también por varios parámetros que hay que tener en cuenta. Málaga tiene mucha población activa, por su propios habitantes y porque en los últimos años está volviendo a atraer a muchos trabajadores de otras zonas de España debido a su dinamismo económico. Incluso en la gran época de desarrollo previa a la crisis, cuando el PIB de la provincia crecía a un ritmo del 5% anual, a Málaga le costaba muchísimo bajar del 10% de tasa de paro. Málaga siempre ha sido tierra de oportunidades, una provincia receptora, y eso es muy bueno, pero a la vez nos genera un mayor estrés a la hora de crear empleo neto, porque siempre estamos sumando nueva población activa.

Usted ha criticado a menudo que la burocracia y las actuales normativas entorpecen las posibilidades de las empresas andaluzas de ganar tamaño.

Hay casi 130 barreras diagnosticadas por el propio Ministerio de Economía que dificultan que las empresas crezcan en tamaño y dimensión pero también es cierto que no podemos echar toda la responsabilidad al sector público. La regulación es pésima, no es que sea mala, es peor que mala y condiciona mucho el crecimiento. Tenemos barreras fiscales, laborales y económicas que no dejan crecer. Pero dicho esto, no nos engañemos, las empresas necesitan tener talento, un buen plan de negocio y un buen funcionamiento. No todas las empresas que nacen sobreviven. De hecho, el umbral de éxito de una empresa está al tercer o cuarto año de trayectoria. Si sobrepasa ese plazo, más o menos se garantiza su supervivencia.

Estamos en un momento muy volátil en cuanto a la economía.

Sí, no sabemos ni definir el ciclo en el que estamos (crisis, recuperación, desaceleración)... todo es muy complejo. Hemos tenido una crisis muy profunda de diez años y ahora nadie se atrevería a decir que seguimos en una recesión tan profunda pero sí es verdad que se está ralentizando el crecimiento económico. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Una empresa que arranca ahora de manera modesta necesita tener un modelo de negocio muy bueno y unos socios muy unidos que sean capaces de sacar adelante el proyecto. Ahí entra en juego la propia competitividad de la empresa para abrir mercados. La calle está muy dura, si se me permite la expresión. Es complejo que las empresas cuajen, necesitan tiempo y maduración. Y vamos a una velocidad tan enorme en el mercado que quienes no asuman retos como la digitalización lo van a tener muy difícil.

¿Influye también esta época de inestabilidad política?

No me atrevería a decir tanto. Lo que sí es verdad que los empresarios estamos observando con mucha atención las decisiones que se puedan tomaren materia presupuestaria y en materia fiscal. Y hay medidas que no necesariamente compartimos: todo lo que pueda ser incremento de la fiscalidad de las empresas, aumento de la deuda pública o falta del control del déficit nos preocupa. Ahora mismo puede no tener un efecto inmediato pero sí a medio y largo plazo porque eso provoca pérdida de confianza. En todo caso, no es momento de generar alarmismo. Los Presupuestos del Estado puede que no se aprueben hasta enero, si es que se aprueban. No hay que estresarse tanto aunque es cierto que las decisiones políticas tienen peso sobre la economía.

¿Qué le parece la intención del Gobierno de introducir la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros el mes en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado ?

Coincidimos en que es algo que había que ajustar pero es que se trata de una medida que ya estaba planteada. Lo que ha hecho el Gobierno es saltarse el diálogo social. No discuto la medida en sí sino la forma en la que se adopta. No tiene lógica de que , después de que en julio se firmara un acuerdo de negociación entre empresarios y sindicatos con la decisión de llegar a 1.000 euros de salario de convenio en 14 pagas, se adopte un acuerdo más político que presupuestario. Se habla incluso de hasta de reforma del Estatuto de los Trabajadores. Parece que de repente el diálogo social,que uno de los grandes activos de nuestra Democracia, no es útil y eso está claro que viene por la ignorancia o por falta de sentido común. La subida del SMI estaba pactada con los sindicatos, pero lo que no puede hacer el Gobierno es saltarse los acuerdos de diálogo social. No es un buen camino. Es un mal precedente. Este tipo de decisiones tiene que tener a los agentes sociales como partícipes.

Muchos organismos atisban una época de desaceleración económica. El propio Ejecutivo está revisando a la baja las previsiones de crecimiento, ¿le preocupa este panorama?

Hay que ser cautos todavía. Es verdad que los vientos de cola de los últimos años se han ido aminorando. Y que hay amenaza de subida de los tipos de interés e incertidumbre en política internacional. Eso es lo que nos puede preocupar pero tenemos que seguir trabajando para que todo eso no nos afecte. Hay que mirar el futuro con ilusión y con esperanza.