Málaga retoma cierta normalidad en la firma de las hipotecas en el primer día laborable desde que entró en vigor el nuevo decreto ley -este pasado sábado-, que establece que el sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados es la entidad bancaria. Así lo explica el vocal de la junta directiva del Colegio Notarial de Andalucía, Ramón Blesa, quien señala que en unos días se tendrá una visión más global ya que «muchas entidades están reestudiando las operaciones». Lo que significa que, «de una manera u otra, la entidad bancaria va a repercutir el coste que le supone asumir el AJD al deudor bien incrementando las comisiones, el tipo de interés o con los seguros adicionales».

Y es que, aunque el Gobierno haya insistido en que no se repercuta el coste al cliente, «la contratación del préstamo es libre, las condiciones también y se contratan con cada persona individualmente, así que será muy difícil saber si se está subiendo el precio al cliente» por este motivo, destaca.

Además, afirma que desde este lunes «no sería legal, aunque se hubiese pactado anteriormente que el impuesto lo pague el deudor».

Por otra parte, para Blesa no es «muy adecuado» que el Gobierno haya establecido en el decreto ley que no pueda deducirse este impuesto como gasto «porque todo lo que le cueste de más repercutirá en el cliente».

«Debería desaparecer»

Asimismo, el vocal del Colegio Notarial subraya que un tema muy curioso es que, antes del decreto y la sentencia del Supremo, los menores de 35 años cuando compraban una vivienda que no excedía los 130.000 euros el AJD era el 0,3 por ciento de la responsabilidad hipotecaria, pero ahora al ser el banco el sujeto pasivo tiene que pagar el 1,5% habitual. «Las condiciones a esos menores no van a ser más beneficiosas que antes», lamenta. Por ello, considera que el impuesto debería desaparecer y que las administraciones no deberían percibir cantidad alguna por AJD. «Claro que las administraciones autonómicas dirán que si se suprime, que la estatal les compense de otra manera porque sufriría un detrimento en sus arcas». Así, insiste en que este impuesto es «muy criticable» y «posiblemente tenga repercusiones en Europa porque la cuota de AJD no debería gravar las operaciones financieras. Es incompatible con la normativa de la UE».