El concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, salva la petición de dimisión que se había planteado en la comisión de ínvestigación de Urbanismo que investiga los miles de expedientes sancionadores caducados por falta de tramitación. La abstención de Ciudadanos ha salvado la cabeza a Pomares, aunque el equipo de gobierno ha encajado una dura derrota política al aprobar la oposición 88 de las 122 conclusiones debatidas en la sexta y última sesión de la comisión de investigación. Eso sí, se rechazaron los puntos en los que se pedía la dimisión del edil de Urbanismo, Francisco Pomares, o en los que se hacía responsable político al alcalde, Francisco de la Torre, aunque se considera que conocía lo sucedido.
Los grupos habían presentado una batería de 122 conclusiones, de las que han salido adelante 88, la mayoría de la oposición. De las alegaciones del PP sólo han salido adelante tres, que son a todas luces menores de cara a lo que se estaba dilucidando en el terreno de juego. Ciudadanos, socio de investidura de Francisco de la Torre, se ha alineado en la mayor parte de las ocasiones con la oposición de izquierdas o ha permitido con su abstención que salgan adelante los planteamientos de la izquierda, excepto en la exigencia de responsabilidades políticas. Todos han dejado a un lado las judiciales.
Así, el PP ha logrado que salgan adelante tres de su veinte conclusiones: que el 70% de las licencias que da la Gerencia Municipal de Urbanismo son inmediatas y que las leyes andaluzas ralentizan al extremo los procesos, así como que se haya tratado de "urbanismo a la carta" el tema de Villas del Arenal, puesto que el estudio de detalle que estableció las bases de la solución para esa urbanización salió adelante con la abstención de Málaga Ahora. Sin embargo, por ejemplo, la oposición ha rechazado que la Gerencia y sus responsables políticos y directivos han actuado en todo momento de acuerdo a la ley, lo que habrían avalado diferentes sentencias judiciales, o que esos fallos jurisdiccionales desmontan las acusaciones sobre actuaciones tendentes a bloquear la tramitación de otros expedientes.
Tampoco se cree la oposición que no se dieran instrucciones para dilatar procedimientos, que no hubiera injerencias políticas o que el Ayuntamiento actuara con proporcionalidad y buscando soluciones dentro de la ley. Tampoco se cree la oposición que los ceses de los exjefes de Urbanismo se debieran a la pérdida de confianza o que el equipo de gobierno haya actuado con transparencia. Han echado para atrás también la afirmación de que Urbanismo haya demostrado que gestiona más, de forma más eficiente y con mayor volumen de inversión.
Así, destacando algunas de las alegaciones de la oposición aprobadas, puede leerse, por ejemplo, en esta del edil no adscrito Juan José Espinosa: "Entre 2006 y 2016, el Ayuntamiento de Málaga registró 11.834 denuncias urbanísticas de las que el 70% están aún sin resolver, algunos expedientes llevan ya más de diez años abiertos". O: "Existió una voluntad firme para dejar morir los expedientes de infracción urbanística", o que se creo un equipo B por funcionarios que no eran de inspección o que "hubo una clara voluntad política de los responsables de la Gerencia de no actuar contra miles de infracciones". IU-MpG, por ejemplo, ha logrado que se apruebe que hubo "injerencias políticas", aunque Pomares ha salido indemne gracias a la abstención de Cs y al empate de votos entre el PP y la oposición y, por tanto, no se ha aceptado ni su dimisión ni la del gerente de Urbanismo, José Antonio Cardador. Sí sale adelante que el alcalde conoció lo que sucedía por tres escritos de los exaltos cargos de la Gerencia y por una reunión personal con una de ellas.
Málaga Ahora también ha logrado que se apruebe, por ejemplo, que el alcalde fue informado de lo que sucedía o que hubo "intromisiones mediante decisiones políticas no justificadas". Sin embargo, el PSOE ha visto cómo se tumbaba una alegación que hablaba de que las responsabilidades políticas comienzan por De la Torre, aunque ha logrado que se aprobara su acusación "de mala praxis" al equipo de gobierno o que el regidor conocía lo sucedido. Ciudadanos, por su parte, ha visto aprobados los 14 puntos, entre los que destaca el conocimiento del regidor malagueño de lo sucedido o que hay una acuciante falta de medios técnicos y humanos en la Gerencia.
Debate
El debate previo a la votación ha sido bronco. Pomares, por ejemplo, ha insistido en que a la oposición debería caérsele "la cara de vergüenza" por seguir el juego a los cargos cesados por Urbanismo, dado que los tribunales han dado la razón al Ayuntamiento, ha ironizado con que es difícil llevar 20 años en la oposición y ha criticado que se usen los términos mafia o cloaca para referirse a departamentos municipales, y ha acusado a los demás grupos de tratar de "tapar la buena gestión del PP". "Nos falta el delito de terrorismo en algunas conclusiones", ha reclamado. También ha pedido a la oposición que pruebe a hablar bien de la ciudad y del equipo de gobierno, "díganle a los malagueños que ustedes pueden hacerlo mejor que nosotros, si les creen alguna oportunidad tendrán".
Después, ha intervenido, por alusiones, la concejala Teresa Porras, ha acusado a la oposición de usar un tema complicado como este, "difícil de entender en la calle, porque yo lo he sufrido antes, en los que entre los dimes y diretes queda la duda". "¿Pueden demostrar algo?", se ha preguntado. El presidente de la comisión, Alejandro Carballo, le ha recordado que sólo tenía un minuto para hablar, pero ella se ha quejado, en repetidas ocasiones, de que ya les han condenado y ha afirmado que se ha ido al juzgado, señalando al portavoz de IU-MpG, Eduardo Zorrilla. De hecho, Porras ha recordado que también se archivó el posible delito tras la comisión de investigación de Limasa.
Sergio Brenes, viceportavoz socialista, ha señalado que en la Gerencia Municipal de Urbanismo se "dieron técnicas más propias de organizaciones mafiosas que de un organismo público", en alusión a las supuesta persecución laboral vivida por los tres exaltos cargos de Urbanismo que comparecieron en la comisión; Eduardo Zorrilla ha pedido la dimisión del gerente de Urbanismo y de Pomares, lo que rechazaron luego los grupos en las votaciones, Carballo ha considerado que las responsabilidades políticas deben concretarse cuando la Fiscalía y la Justicia determinan si lo denunciado por los grupos ha ocurrido de verdad, es decir, cuando haya una resolución, Ysabel Torralbo, de Málaga Ahora, ha aludido al equipo B creado tras desmantelarse el servicio de Inspección y ha señalado a que el regidor conocía lo sucedido por tres escritos y el edil no adscrito da por probadas las "injerencias políticas".
Ahora, la Secretaría General del Ayuntamiento emitirá un dictamen con las conclusiones definitivas, que deberán ir a Pleno. Esta ha sido la tercera comisión de investigación del mandato. Las dos primeras fueron relativas a Limasa y al Museo de las Gemas.
